La UE pacta las reglas fiscales que obligarán a España a un ajuste 6.600 millones al año

Tan solo dos horas después de iniciar las discusiones han logrado un «un acuerdo político» que deberá ser negociado ahora con el Parlamento Europeo. El texto llegaba a esta reunión cerrado «al 90%» después de que los ministros de Finanzas rozaran el acuerdo a principios de mes y sólo quedaban dos flecos pendientes: la velocidad a la que los Estados miembros con más deuda y déficit deben llevar a cabo su ajuste fiscal y la desviación máxima permitida de gasto anual público, que permitirá finalmente un desfase de 0,3 puntos porcentuales al año.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que el acuerdo fue «unánime, lo que muestra el equilibrio de la propuesta española, que garantiza la reducción sostenida de deuda y déficit protegiendo las inversiones en el ámbito verde, digital y de Defensa». Desde el inicio de las negociaciones se han formado dos grandes bloques: por un lado Alemania, que pedía mano dura y ambición en las nuevas reglas fiscales; y por otro, Francia, que reclamaba más espacio para las inversiones públicas en materia de digitalización y transición verde.

Finalmente, el texto adoptado incluye importantes concesiones a Berlín, con el endurecimiento de la propuesta de la Comisión Europea, y que exige una reducción anual de deuda del 1% del PIB a los países más endeudados. Para aquellos Estados con un déficit público superior al 3%, reclama un ajuste fiscal del 0,5% del PIB, que en el caso de España serán unos 6.600 millones de euros. En este punto, se incluye la petición francesa para mitigar el impacto de los elevados tipos de interés hasta 2027.

Los países más endeudados deberán mantener, además, un margen de seguridad de 1,5% incluido en el umbral del 3% de déficit para poder hacer frente a nuevas crisis. Las autoridades nacionales tendrán cierto margen para alcanzar ese objetivo, con un ajuste mínimo del 0,4%, que podrá ser del 0,25% en el caso de que lleven a cabo reformas e inversiones.

El Ejecutivo europeo no monitorizará cada año los avances de los Estados miembros, sino que hará un balance cuando concluya el plan de cuatro años que haya negociado con las autoridades nacionales y que se podrá ampliar tres años más. A cambio exigirá una «reducción sostenida de la deuda y el déficit», que pone fin a los dos años en los que las reglas fiscales han estado suspendidas por la pandemia y la guerra en Ucrania.

El nuevo marco fiscal «dará certidumbre a los mercados», ha defendido Calviño, algo que también venían exigiendo tanto el Ejecutivo comunitario como el Banco Central Europeo (BCE). El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha insistido en que se debe aprovechar este impulso para abrir las negociaciones con el Parlamento Europeo y que las nuevas reglas entren en funcionamiento «lo antes posible». «Hay que dar predictibilidad. Necesitamos reglas que apuesten por la sostenibilidad financiera, con una fuerte aplicación y espacio para inversiones», ha apuntado.