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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el mandato para iniciar las negociaciones con los Veintisiete sobre la reforma de las reglas fiscales. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha reconocido que las posturas entre las dos instituciones «están muy alejadas», pero ha ... destacado que existe un compromiso para lograr un acuerdo a mediados de febrero para que la reforma pueda aprobarse antes de las elecciones europeas.
«La Comisión Europea se esforzará para lograr una propuesta de compromiso, que garantice la estabilidad y las inversiones en un momento geopolítico complejo». Tanto Bruselas como el Banco Central Europeo (BCE) quieren que las nuevas reglas -que incluyen planes de estabilidad a medida de cada país para la reducción de la deuda y el déficit públicos- entren en vigor «lo antes posible» y que cuenten con «una base legislativa sólida».
El diálogo comenzará esta misma tarde y las posturas están «bastante alejadas» en aspectos «substanciales», señaló Gentiloni. Lo cierto es que los equipos negociadores tampoco tendrán mucho margen para modificar el acuerdo alcanzado por los Veintisiete, que salió adelante 'in extremis' en la reunión de ministros de Finanzas de la UE de diciembre. «Todos somos conscientes de que se trata de un asunto urgente. No estamos en un momento en el que Europa se pueda permitir volver a las reglas antiguas o tener incertidumbre. Debemos dar certidumbre», zanjó.
En su intervención ante la Eurocámara, en Estrasburgo, Gentiloni subrayó que la propuesta del Consejo Europeo permitirá una reducción gradual de la deuda y el déficit públicos, a la vez que deja espacio para las inversiones públicas necesarias para acometer las transiciones verde y digital. El mandato negociador ha salido adelante con el respaldo de 431 eurodiputados y 172 votos en contra. Populares europeos, socialdemócratas y liberales se mostraron a favor de iniciar las negociaciones, mientras que los Verdes y la Izquierda fueron críticos. Philippe Lamberts, de los Verdes, ha pedido «rechazar» estas reglas, que consideró «un suicidio económico, climático y geopolítico». Por su parte, José Gusmao, de la Izquierda, ha lamentado que la propuesta «no tiene ninguna cláusula para proteger las inversiones públicas y sociales».
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