Bruselas prorrogará la flexibilización de las ayudas estatales dentro de la Unión Europea hasta finales de 2025. Los países europeos podrán dar mayores ayudas sin necesidad del visto bueno de la Comisión Europea, a través de un procedimiento más ágil. Esta medida tiene como objetivo ... impulsar la transición verde en el bloque y hacer frente a la ley de subsidios a industrias verdes anunciadas por la administración Biden y que ascienden a 349.000 millones de euros. Además, «en casos excepcionales» permite dar un mayor apoyo a compañías en las que «haya un riesgo real» de que trasladen sus inversiones a terceros países.
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El marco de crisis se introdujo por primera vez durante la pandemia del covid y se extendió para que los países europeos pudieran apoyar a sus ciudadanos y empresas. Ahora, la Comisión Europea prorroga las normas para que los Estados miembros puedan impulsar la transición energética a través de inversiones públicas. Así, podrán apoyar el desarrollo de tecnologías limpias y de sectores clave como la producción de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, electrolizadores y el reciclaje de materias primas, entre otros.
Introduce, además, una medida excepcional para dar «un mayor apoyo individual» a compañías que estén en riesgo de trasladar sus inversiones fuera de Europa. Este mecanismo llega solo un día después de que EE. UU. haya intentado atraer un proyecto para construir una planta de baterías que Volkswagen planteaba instalar en Europa. Washington ha ofrecido a la compañía 9.474 millones de euros en préstamos y ayudas.
En estas situaciones el Estado miembro podrá ofrecer «el apoyo equivalente al beneficio que esta compañía podría recibir en la ubicación alternativa» o la «cantidad necesaria» para incentivar que la empresa sitúe estas inversiones en territorio comunitario. Con todo, este mecanismo está sujeto a una serie de salvaguardas: las inversiones deben estar situadas en áreas que puedan recibir fondos regionales, la empresa debe situar sus inversiones en tres Estados miembros. Además, la medida no se podrá activar para evitar la fuga de inversiones de un país europeo a otro.
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