La UE acuerda una reforma del mercado eléctrico que se aleja de combustibles fósiles

«Gracias a este acuerdo, podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial», ha destacado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su papel de presidencia española del Consejo. El texto final se ha negociado en tiemo récord, tras una reunión de diez horas y apenas dos meses después de que llegara el «acuerdo político» de los Estados miembros. Ahora, la reforma deberá recibir el visto bueno de los Veintisiete y de la Eurocámara.

Con la nueva normativa, la UE quiere impulsar el despliegue de la energía renovable en el continentente y apuesta por una regulación con un mejor seguimiento y transparencia. Además, la reforma dará a los Estados miembros la posibilidad de impulsar la compra de nueva generación renovable cuando las condiciones lo permitan y en línea con los planes de descarbonización del bloque. En cuanto a los contratos estandarizados voluntarios, ambas instituciones acordaron mantener su carácter voluntario para los países europeos y prevén también una evaluación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) sobre el mercado de acuerdos de compra de energía basada en la información de la base de datos prevista en el reglamento REMIT.

En la negociación con el Parlamento Europeo, el texto pactado por los EStados miembros apenas ha sufrido cambios. El principal escollo durante las negociaciones eran las medidas de apoyo a las centrales nucleares que pedía Francia -un país con un gran interés en esta energía, ya que aporta un elevado porcentaje de su 'mix' energético- y las reivindicaciones de Alemania para que las plantas más contaminantes pudieran acogerse a ayudas para garantizar el suministro.

Ambos colegisladores han pactado hacer de los mecanismos de capacidad un elemento más estructural del mercado de la electricidad e introducir una excepción potencial y excepcional a la aplicación del límite de emisiones de CO2 para los mecanismos de capacidad ya autorizados, cuando esté debidamente justificado. El eurodiputado socialista Nicolás González ha destacado que la reforma «protege más a los consumidores, con medidas para abaratar la electricidad, estabilizar precios y actuar en situaciones de crisis».

El acuerdo concede a los países europeos salvaguardas en caso de crisis para protegerse ante eventos como la guerra en Ucrania, que en 2022 provocó una escalada sin precedentes en el precio de la electricidad. El Consejo Europeo podra declarar una situación de emergencia a través de una propuesta del Ejecutivo comunitario y establece los criterios para declararla en relación con el precio medio mayorista de la electricidad o con un fuerte aumento de los precios minoristas de la electricidad.

Sobre las medidas que deben adoptar los Estados miembro una vez declarada la crisis, ambas instituciones acordaron tener en cuenta la posibilidad existente de*reducir aún más los precios de la electricidad para los clientes vulnerables y desfavorecidos*, en base a la actual directiva eléctrica. Además, se incorporan disposiciones encaminadas a evitar distorsiones o fragmentaciones indebidas en el mercado interior.

El Consejo y el Parlamento también han acordado reforzar las medidas que deben implementar los estados miembros para*proteger a los clientes vulnerables y pobres desde el punto de vista energético, incluida la adición de la definición de pobreza energética acompañada de una referencia a la nueva directiva de eficiencia energética que toma las medidas adecuadas.

Ambos colegisladores acordaron celebrar contratos bidireccionales por diferencias o sistemas equivalentes con los mismos efectos que el modelo utilizado cuando la financiación pública en forma de sistemas directos de apoyo a los precios está involucrada en contratos a largo plazo.

Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarían a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalses y energía nuclear.

Las normas para los estos bidireccionales solo se aplicarán después de un período de transición de tres años después de la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso.

Asimismo, recoge que los ingresos de esos contratos se redistribuirían a los clientes finales y también podrían utilizarse para financiar los costos de los planes de apoyo directo a los precios o inversiones para reducir los costos de la electricidad para los clientes finales.