El Tribunal de Cuentas de la UE pone en duda 1.700 millones en ayudas a terceros

Desde las arcas comunitarias se transfieren una media anual de 1.690 millones de euros en apoyos presupuestarios –es el mayor proveedor mundial de este tipo de ayudas– a esos países que, bien aspirarían a formar parte del club comunitario a largo plazo –por ejemplo, Albania, Moldavia, Georgia o incluso Ucrania–, bien quieren mantener una relación especial con la Unión que implique acuerdos comerciales y de otro tipo –Marruecos, Jordania, Vietnam, Túnez, Argelia, Sudáfrica, Indonesia, Bolivia o Colombia, entre otros–. Pero para recibir esos fondos dichos países deben cumplir una serie de objetivos que, básicamente, serían de tres grandes bloques: estrategia de desarrollo sostenible, reformas sectoriales y mejoras en la prestación de servicios y, de otro lado, apoyos a la consolidación del Estado y la «gobernanza democrática».

Para evaluar su grado de realización, Bruselas utiliza una serie de indicadores que han sido puestos en entredicho en el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre todo en los pagos en tramos variables (el 44% del total, aunque en algunos países vecinos de la UE alcanzan el 90%), sujetos al desempeño que tengan esos Estados terceros (si tienen mejores o peores resultados). Al menos, un tercio de esos señalizadores se han quedado ya desfasados y «no permiten ya medir objetivamente los resultados», avisan desde el órgano fiscalizador.

Pero su censura va más allá. Afirman que los datos empleados por la UE para conceder las ayudas «no siempre son lo suficientemente fiables como para tomar decisiones fundadas», esto es, los auditores de las arcas comunitarias no ven el rigor necesario para entregar parte de ese dinero. Más aún, precisamente la falta de «pertinencia» de algunas de las metas que se fijan a los países que reciben dichos fondos europeos hace que «resulte difícil evaluar si han avanzado en la aplicación de las reformas según lo acordado».

Y es que tres de cada cuatro compromisos de apoyo presupuestarios (el 74% de todos) suscritos desde Bruselas con sus socios tienen que ver justamente con reformas sectoriales que, en gran parte de los casos, se centran en cuatro áreas principales: educación, agricultura y desarrollo rural, sanidad y energía. Y si las políticas que implementen los países beneficiados –en 2017, último ejercicio fiscalizado, se repartieron 1.800 millones entre 90 Estados– no resultan «pertinentes y creíbles», a la vez que se aplican «eficazmente», los apoyos presupuestarios no deberían ser entregados.

Las dudas del Tribunal de Cuentas al respecto, a la luz de su análisis, resultan evidentes: «es posible que las decisiones de liberar los pagos» de esas ayudas comunitarias «no siempre hayan estado suficientemente justificadas». Por eso, el responsable del informe, el jefe de auditores Hannu Takkula, advierte que «antes de proceder a ningún desembolso, la Comisión (Europea) debería prestar mayor atención».

Los miembros del órgano fiscalizador constataron que los indicadores existentes para valorar si los socios de la UE cumplían con las metas comprometidas «eran demasiados» y «no siempre estaban bien diseñados». Asimismo, la mayoría se centraba en acciones a corto plazo y no en resultados a largo plazo, un aspecto que los auditores ven especialmente criticable porque puede llegar a desincentivar a esos países, haciendo que alcancen los objetivos «exclusivamente gracias a la asistencia técnica financiada por la UE» y no por haber aumentado sus propios esfuerzos y actuaciones.

Además, un tercio de los indicadores de desempeño «no permitía medir los resultados objetivamente». Y otros eran tan «imprecisos» que no tenían «metas cuantificadas», lo que provocaba situaciones donde los objetivos fijados desde Bruselas para transferir los fondos fueran incluso «inferiores a los valores existentes» en el país en cuestión antes de que interviniera la UE.

La falta de severidad suficiente en el plano contable también afecta al cumplimiento de los propios Estados miembros de la UE, según otro informe de los auditores europeos. Por eso reclaman a la Comisión que «supervise mejor» la puesta en práctica de los marcos presupuestarios nacionales por los Veintiocho, y que para ello siga «reforzando los requisitos legales» que han de cumplir.

Para corregir las causas de la última crisis financiera y mejorar la gobernanza de las cuentas nacionales se acometieron una serie de cambios que aún «pueden perfeccionarse» y hacer que el marco jurídico de la UE no sea tan «fragmentario». Pero Bruselas aún tiene algunos requisitos «más laxos» que el FMI y la OCDE, y además «un conocimiento limitado sobre» si los miembros de la UE «los aplican debidamente».