Transportes abre el grifo de los fondos europeos para los ayuntamientos

En concreto, a acelerar la descarbonización de las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE), la transformación sostenible del transporte público colectivo y la digitalización de la movilidad.

Según detallan desde el Ministerio de Raquel Sánchez, la convocatoria va dirigida a municipios de más de 50.000 habitantes y a las capitales de provincia, aunque se incluye la posibilidad de que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes accedan a las ayudas si disponen de servicios de transporte colectivo público y plantean proyectos para su digitalización o la renovación sostenible de la flota, entre otros requisitos.

Las autoridades locales tienen que ser rápidas. El plazo para solicitar las ayudas y presentar proyectos (que pueden haber sido licitados desde el 1 de febrero de 2020) se extenderá solo hasta el próximo 30 de septiembre a las 14.00 horas. Por eso, el ministerio ha facilitado una web específica para llevar a cabo todas las gestiones. De hecho, y junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ofrecerá el próximo 8 de septiembre una sesión informativa online para resolver las dudas en torno a la convocatoria y el proceso para la presentación de solicitudes.

Los proyectos presentados tendrán que cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tanto en los plazos (deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2024) como en otros aspectos, como que se cumpla con el deseado impulso de la movilidad activa (a pie, en bicicleta…) y sostenible. Y, si incluyen el concepto de 'movilidad inteligente', mejor que mejor.

Con esta perspectiva sobre la mesa, desde el Ministerio indican que en la selección de proyectos se primará la madurez y la calidad, exigiéndose además la disposición de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar su solicitud.

Los proyectos tendrán que ir destinados a cuatro objetivos clave que marcarán el reparto de los fondos. El primero de ellos será la implementación de zonas de bajas emisiones con inversiones que podrán destinarse, por ejemplo, a implmentar controles en los semáforos, sensores o programas de reconocimiento de matrículas de residentes, entre otros.

El segundo pilar lo componen las medidas destinadas al fomento del transporte público y el impulso de la movilidad saludable. Aquí se recogerán proyectos que faciliten la movilidad activa, como la peatonalización de las calles o la creación de infraestructura ciclista. También aquellos que prioricen la circulación de los modos de transporte colectivo y que fomenten sistemas de transporte a demanda, la intermodalidad con vehículos cero o bajas emisiones (carsharing, motosharing, patinetes, bicicletas), la mejora de la eficiencia en la distribución urbana de mercancías (última milla) o en la habilitación de aparcamientos disuasorios.

El tercer punto que se intentará fomentar es la transformación de las flotas mediante la compra de autobuses eléctricos o impulsados por hidrógeno y la instalación de puntos de recarga, entre otros. Y, por último pero clave para cumplir los compromisos con Bruselas, se favorecerán aquellas propuestas que impulsen la digitalización de los servicios públicos de transporte.

Según detallan las bases que pueden consultarse en el BOE y en la web del Ministerio, cada uno de los proyectos será financiable hasta un 90% de los costes elegibles, estableciéndose un importe mínimo de subvención a solicitar de 200.000 euros por cada actuación. «En el caso de la adquisición de autobuses o vehículos de limpieza de propulsión cien por cien eléctrica o de hidrógeno, se fija un importe unitario de subvención según la categoría de este», matizan desde Transportes.

Esta primera convocatoria forma parte del programa de zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano incluido en el Componente 1 del Plan de Recuperación. Pero el prorgama completo está dotado con 2.900 millones, por lo que aún quedarían 1.900 millones por desembolsar.

En este sentido, la previsión es sacar una segunda ronda en 2022 para distribuir otros 500 millones de euros entre los municipios, además de transferir el restante a las comunidades autónomas para el desarrollo de diversos proyectos con los mismos objetivos.