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La negociación para reducir la jornada laboral, lejos de aclararse, se enreda aún más. Hasta el punto de que ni siquiera el Gobierno se pone de acuerdo con los sindicatos y la patronal sobre lo que se habla en las reuniones del diálogo social. Porque ... a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no le ha hecho ninguna gracia que se haya hecho pública, precisamente en estos momentos en los que vive sus horas más bajas dentro del Ejecutivo, una de las propuestas que ha puesto encima de la mesa –y que este periódico ya había adelantado hace un par de meses– para tratar de atraer a la CEOE al acuerdo: retrasar la aplicación de la medida y dar un año más de margen a las empresas, de forma que se recorte la jornada semanal a 38,5 horas en 2025 y a partir de 2026 sean ya las 37,5 horas que habían prometido para el próximo 1 de enero.
«Voy a desmentir la información. Es rotundamente falso que el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. En ningún caso se habló de esta medida», afirmó visiblemente molesta Díaz. Previamente, había sido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien lo había negado, pese a que esta propuesta sí que ha estado presente en varias reuniones como medida de canje para que los empresarios acepten la reducción de la jornada. Y así lo corroboraron ayer a este periódico fuentes tanto de la patronal como de los sindicatos.
La vicepresidenta segunda fue un paso más allá y prometió cumplir su compromiso. «El Gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de Gobierno: la entrada en vigor a 37,5 horas saben ustedes cuál es». Una promesa que tiene muy complicado cumplir, puesto que en este acuerdo de legislatura se establecía recortar este mismo año a 38,5 horas (algo que casi es ya una utopía porque no hay tiempo material para llevarlo a cabo) y el que viene ya a 37,5.
Díaz también aseguró este miércoles que «parece que la patronal se mueve y da pasos», mientras desde la CEOE reiteraron a este periódico que «no hay ninguna posibilidad» de moverse del no y que así se lo trasladaron en la reunión del pasado martes. Sostienen que, para alcanzar un acuerdo, esta medida no puede ser impuesta por ley y debe «visualizarse» a través de la negociación colectiva y además establecer una serie de compensaciones para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Aseguran que las que se han puesto encima de la mesa, bonificaciones a los nuevos contratos, «son claramente insuficientes».
A este nueva mesa del diálogo social el Gobierno acudió sin un documento escrito que detallara ese plan de acompañamiento a las pequeñas empresas, pero sí les avanzó de forma oral una de las medidas que baraja poner en marcha a cambio del sí de los empresarios: bonificar incluso hasta el 100% las cotizaciones de las nuevas contrataciones si se trata de parados mayores de 52 años, menores de 30 y de mujeres con baja empleabilidad. Para el resto de los trabajadores, el Gobierno bonificaría el 80% de las cotizaciones sociales, según confirmaron a este periódico fuentes de la negociación.
Mientras tanto, los sindicatos UGT y CC OO se movilizarán este jueves frente a la sede de la CEOE para exigir que muevan ficha y accedan a reducir la jornada laboral.
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