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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocará a sindicatos y patronal para negociar la reforma de la indemnización por despido tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que considera que la legislación española «viola» el artículo 24 de la Carta ... Social Europea. El fallo, que se publicará el próximo lunes, es contrario al tope de dos años de salario en los despidos improcedentes y considera que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales de cada trabajador despedido a la hora de calcular la indemnización.
La negociación abre otro frente entre el Ministerio de Trabajo y la patronal, cuando aún no han conseguido acordar la reducción de la jornada de trabajo, uno de los principales objetivos de Díaz en esta legislatura.
La ministra aseguró que el despido en España «es un elemento más que va a ser susceptible de reforma» y que se abordará en la mesa de diálogo social acomodándolo a la legislación europea. «He de decirles que en el acuerdo de Gobierno está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación», subrayó Díaz antes de visitar la Fundación Laboral de la Construcción. La titular de Trabajo señaló, no obstante, que esta reforma se abordará «con absoluta tranquilidad» y una vez concluya la negociación sobre la jornada laboral y la situación de los becarios e insistió en que el despido «no es un problema» porque «los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla». «Lo digo con absoluto conocimiento», remarcó.
La resolución del Comité Europeo, que se produce a raíz de una demanda presentada por el sindicato UGT, no es vinculante, aunque el Gobierno español firmó la Carta Social Europea y se comprometió a cumplir las decisiones de este órgano. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explicó este lunes en rueda de prensa que este fallo introduce un concepto nuevo para la legislación española, que consiste en que la indemnización por despido no puede ser conocida con antelación por los empresarios porque «pierde el efecto de disuasión». Álvarez enfatizó que la reclamación no se puso con el fin de incrementar las indemnizaciones, «sino para que no haya tanta ligereza a la hora de despedir, que los costes sean tan altos o tan inciertos que lleven al empresario a que en lugar de despedir de manera arbitraria hable con el trabajador». En todo caso, parece que sí llevaría a incrementar los costes por despido, sobre todo cuando el trabajador lleva poco tiempo en la empresa. Según UGT, la indemnización media por despido improcedente es de 9.000 euros. «Son precios de saldo», señaló Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT.
Respecto a qué circunstancias personales deberían tenerse en cuenta a la hora de fijar la indemnización, Pepe Álvarez citó la edad del trabajador, las posibilidades de empleabilidad, si tiene personas a su cargo, si paga alquiler o una hipoteca, los riesgos de vulnerabilidad o si está próximo a la jubilación, aunque el fallo no concreta nada sobre cómo hay que cambiar la legislación. UGT reconoció que depende de la voluntad del Gobierno y de CEOE, pero que si no hubiera cambios legislativos «iremos peleando sentencia a sentencia»; de hecho, mencionó que dos tribunales superiores de justicia en España ya han aplicado la valoración de las circunstancias personales a la hora de calcular las indemnizaciones.
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