Yolanda Díaz se compromete a encarecer el despido para adaptarlo a Europa

Así al menos lo reconoció este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa sobre el paro celebrada en su ministerio, justo un día después de que su departamento negara a este periódico tener en sus manos la sentencia que da la razón a UGT. «Efectivamente el ministerio ha recibido la notificación del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), se produjo no sé cuándo», admitió el número dos de Yolanda Díaz, que, no obstante, evitó pronunciarse sobre su contenido ya que señaló que esa resolución no es pública aún y no puede hacerse pública «hasta que el Comité de Ministros del Consejo de Europa emita su oportuna recomendación, que se espera entre junio y julio, aproximadamente dentro de unos cuatro meses».

Lo que omitió decir el secretario de Estado es que el Comité Europeo da la prerrogativa al país afectado a guardar el sentido de una sentencia durante cuatro meses, pero, de igual manera, tiene la llave para poder desvelarlo. Es decir, el Comité de Ministros del Consejo de Europa es el que debe autorizar hacer pública esta resolución, pero lo hará en el momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez pida que se levante el embargo.

Si el Ejecutivo español no lo hace con la pretensión de retrasar su respuesta al menos hasta que pase esta oleada de elecciones, el fallo se mantendrá oculto hasta dentro de cuatro meses, concretamente hasta el próximo 29 de julio, según confirmó el CEDS a este periódico.

El Ministerio de Justicia ya maniobró también –y lo consiguió– para tratar de retrasar varios meses la sentencia al pedir la recusación de uno de los miembros del comité, después de que en la primera reunión mantenida en octubre de 2023 hubiera una opinión unánime a favor de UGT, que demandó a España por tener un despido barato y poco disuasorio, con lo que se esperaba ya un fallo definitivo a finales de año.

El sindicato liderado por Pepe Álvarez argumentó para ello que el sistema de despido español incumple «de manera manifiesta» la Carta Social Europea y el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no ampara a los trabajadores frente a las decisiones arbitrarias de las empresas de despedir sin una causa real. Por ello, reclama que, a la hora de determinar el importe de la indemnización, que está fijada en 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, se tengan en cuenta las circunstancias personales y/o familiares del afectado, como la edad, el sexo, la situación familiar o la formación, entre otras, al entender que el daño causado es mayor cuanto más vulnerable sea el trabajador.

Además, UGT defiende que, además de eliminar los topes máximos de indemnización y que se pague en función de determinados factores, se fije una indemnización mínima que podría situarse en seis meses de salario, algo que sí disuadiría a las empresas a hacerlo.

Y a esta tesis se sumó meses después Yolanda Díaz y este martes su número dos lo volvió a defender. «En multitud de ocasiones la vicepresidenta segunda ha afirmado la falta de ajuste del despido tal y como está configurado ahora», sobre todo en lo que «tiene que ver con el carácter eficazmente reparador de las sanciones, que no siempre atienden a la realidad del daño que causa, y también en lo que se refiere al carácter disuasorio de las consecuencias que en España se prevén para el despido injustificado». Por ello, Pérez Rey prometió que si la decisión va en esta línea, «naturalmente se haría imprescindible una reforma para cumplir con los compromisos internacionales».