Los vigilantes de los aeropuertos amenazan con parar por sus pluses

En teoría, aquel concurso debería haber resuelto los problemas de un sector que desembocaron en casi cuatro semanas de paros de los vigilantes del aeropuerto barcelonés de El Prat el verano pasado, y que incluso estuvieron a punto de extenderse a otras instalaciones de AENA. Básicamente eran de carácter salarial y, tras otros amagos de más protestas en septiembre y octubre, se habrían resuelto en noviembre pasado con un acuerdo a tres bandas con las empresas y el Ejecutivo -a través de los Ministerio de Fomento, Empleo e Interior-.

Aquel pacto, cuyos principales puntos se trasladaron luego al convenio sectorial, reconocía nuevos pluses a los vigilantes de seguridad por hora efectiva de trabajo (0,68 euros), uso de sistemas de radioscopia (1,19 euros por hora) y trabajo en filtros (0,60 euros por hora), es decir, en las filas de pasajeros que se establecen antes de pasar los arcos. Para este último grupo se añadía, además, otro variable en función del cumplimiento de ratios de calidad.

AENA, como gestor de la red nacional de aeropuertos, se comprometió a recoger esas «especificaciones» en las condiciones de la nueva licitación. Pero el problema, según denuncian varios sindicatos, es que no se están abonando los pluses ni las empresas adjudicatarias parecen tener intención de hacerlo, lo que convertiría en papel mojado el pacto de noviembre. Las más activas en esa queja han sido las centrales de menor tamaño, como Alternativa Sindical -cuarta por representación entre los más de 70.000 vigilantes de seguridad en España- y AVA, dirigida a trabajadores aeroportuarios.

Sus protestas se centran por ahora en Ilunion, que recibió casi un tercio (el 31,6%) del importe de los contratos adjudicados por AENA_en abril, con 109 millones de euros. El importe total de esas licitaciones ascendió a 345,54 millones -para los aeródromos de Tenerife y La Palma se aprobó un nuevo proceso tras quedar desierto el primero-, con un expediente para las 27 bases de mayor tráfico (334,67 millones) y otro para las 20 restantes que no llegan a los 400.000 viajeros anuales.

Las principales compañías de seguridad, como Prosegur, Securitas y Eulen, intentaron presionar para elevar el presupuesto, aduciendo «baja rentabilidad» pese a que el importe de la licitación global era un 25% mayor que en la anterior. Compañías medianas como Ilunion, Trablisa, Segurisa (propiedad al 51% de Enaire, la matriz de AENA) e ICTS se hicieron con los contratos, aunque Eulen sí entró en los aeropuertos pequeños y en parte de Barajas.

Allí es el segundo operador de vigilancia de seguridad (37,87 millones por dos años), quedando Ilunion como el primero (58,22 millones) tras ofrecer una de las pujas más bajas. Esto fue denunciado desde Alternativa Sindical, convocante de los paros en Madrid a los que se ha sumado AVA, pues «ya nos veíamos venir que traería consecuencias». De hecho, hay denuncias en los juzgados por impago de los pluses.

Ilunion se niega a abonarlos aduciendo que aplica su propio convenio de empresa, con mejores condiciones que el sectorial. Los sindicatos no niegan que en parte sea así, pero replican que no puede dejar de cumplir un acuerdo colectivo y que incluso el propio pliego del concurso prevé penalizaciones si las adjudicatarias «no pagan las nominas a sus vigilantes en tiempo y forma».

Otras empresas, a su vez, aducen «desconocer los criterios» para abonar algunos pluses y por eso USO ha presentado un conflicto colectivo contra AENA, paso previo a denunciarla ante la Audiencia Nacional. El sindicato quiere que se resuelvan ya «todas estas irregularidades» y pide una reunión con Fomento. Mientras, Alternativa Sindical y AVA no descartan que el conflicto y los paros se trasladen a más aeropuertos.