Valerio: «Nadie se ha tomado en serio el registro horario»

Ésta fue la gran queja de Valerio, que resaltó que el Gobierno dio un plazo de dos meses para que las empresas pudieran adaptarse a la ley y «han esperado al último día» para abordar el sistema con el que van a controlar el horario de sus empleados. Por ello, lanzó una advertencia a esas empresas que no se han tomado en serio la ley: «que cumplan» la ley porque «desde luego la Inspección de Trabajo va a actuar».

Sin embargo, sí abrió la mano a cierta permisividad en el caso de que, aunque el sistema de registro no esté instalado, se estén llevando a cabo los trámites necesarios para implantarlo. Se refiere al proceso de diálogo que se tiene que abrir entre empresa y sindicatos para fijar el método más adecuado para cada negocio, tal y como establece la ley, que es excesivamente genérica y deja en manos de la negociación colectiva el desarrollo del mismo, algo que ha generado un gran desconcierto, sobre todo en las pequeñas empresas, que son la gran mayoría, puesto que un 95% del total tiene menos de cinco trabajadores.

«Si la inspección de trabajo llega a una empresa y dice que está en fase de negociación, se dará margen de maniobra dentro del respeto a la ley para que puedan poner en marcha este registro horario», prometió Valerio, quien, no obstante, dejó claro que «la moratoria no puede ser sine die» porque el registro de jornada se aprobó en un real Decreto Ley, lo que implica que su implantación es de extrema gravedad. El Ministerio ya dejó caer el pasado jueves que, aunque la inspección comenzaría desde el lunes a visitar a las empresas –especialmente del sector del comercio y la hostelería, que es donde van a centrar los esfuerzos por ser donde se da un mayor fraude en las horas cotizadas–, no impondrían sanciones si acreditan que lo están negociando. Por eso desde la CEOE pidieron a las empresas que dejen constancia por escrito de cualquier reunión que mantengan con los representantes sindicales sobre este tema para así poder demostrar que hay voluntad manifiesta de cumplir con la ley y así no ser multadas.

Lo que sí ha descartado Valerio fue otra de las demandas que hacen tanto las propias empresas como los expertos: desarrollar esta normativa con un reglamento, aunque dejó abierta la puerta a que se haga de forma concreta para algún sector o categoría profesional si fuera necesario.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha salido en defensa de la obligación de mantener un registro del horario de los trabajadores durante cuatro años y ha negado cualquier tipo de precipitación a este respecto. «Al contrario, yo creo que hemos ido muy tarde a proteger a los trabajadores y trabajadoras que han visto cómo millones y millones de horas de su trabajo no han sido ni reconocidas ni remuneradas», ha argumentado Calvo, para quitar hierro a una de las críticas que más han hecho al Ejecutivo; de hecho, la patronal se ha quejado de que no ha habido tiempo de negociación y los sindicatos, que sí ven esta norma con buenos ojos, se lamentan de que no haya ido un poco más allá y sea poco concreta.

Esta reivindicación fue también apoyada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que también considera «insuficiente» el planteamiento de la nueva norma y pidió que ese control horario sea «de libre acceso para la inspección de trabajo y las propias organizaciones sindicales». En este sentido, ha prometido que, si su partido forma parte del nuevo gobierno, «en este país se van a controlar las horas extra y se van a pagar».