«En esta legislatura es el momento de abordar la jornada laboral de 35 horas en ese camino hacia las 32 horas semanales». Así de rotundo se mostró este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en su tradicional rueda de prensa de inicio ... de curso, en la que dejó entrever su malestar por que el debate en torno la formación de un nuevo Gobierno gire en torno a la amnistía y referéndum y no se base en «los problemas reales» que tiene la gente, como el empleo y el paro, los precios, el salario o la vivienda, entre otros. «Imagínense que las 35 horas de jornada laboral es una condición para investir al futuro presidente del Gobierno», dijo a modo de deseo imposible.
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Pero este será uno de los grandes objetivos que se plantea conseguir el sindicato para la próxima legislatura, una legislatura que ¬será «más compleja» para llegar a pactos, sobre todo que supongan desembolsos económicos, con la previsible entrada de Junts como socio de Gobierno, un partido que califican como derecha económica.
Por ello, una de las primeras peticiones que harán UGT al nuevo presidente –y que no tendría contrapartida en las cuentas públicas- será modificar el Estatuto de los Trabajadores para rebajar las actuales 40 horas semanales que hay establecidas como jornada máxima a 35 horas antes de que termine la legislatura. Y luego ya comenzar a negociar en los convenios colectivos otra reducción hasta las 32 horas. Y sin ninguna contrapartida salarial, por supuesto. «Desde la ley de Almunia hasta hoy no se ha tocado y creemos que esta legislatura es el momento», precisó.
Álvarez argumentó que desde el año 1984 no se ha cambiado por ley la jornada laboral en España, pese a que los niveles de productividad «han aumentado de manera visible en todos los sectores». Esta medida, lejos de reducir la productividad, el sindicato sostiene que la mejorará y, de igual manera, descarta que «para nada» vaya a afectar al empleo.
El otro gran reto que se marca UGT para esta legislatura es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI) porque en la actualidad no se sitúa en el 60% del salario medio, tal y como había prometido el Gobierno. A su juicio, para alcanzar este nivel debería ascender de los actuales 1.080 euros al mes al entorno de los 1.200 euros, puesto que consideran que la estadística en la que hay que basarse es la de la Agencia Tributaria (que determina el salario medio de 2022 en 28.301 euros) y no en la que ha determinado un grupo de expertos «que no han sido capaces de cuantificarlo exactamente no han dejado la metodología para continuar situando el salario medio».
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Es más, Álvarez dio un paso más allá y exigió que la subida del salario mínimo funcione cada año «de forma automática», exactamente igual que ocurre con las pensiones, de forma que por ley se garantice ese 60% de salario medio y se vaya actualizando con la estadística de Hacienda, y no tenga que ser el Gobierno de turno el que decida a final de año si sube y en qué cuantía.
Otra batalla por la que pelearán los sindicatos es por encarecer el despido ya que «en España sigue siendo barato», recalcó el líder de UGT, que emplazó a introducir otros elementos que no sean los días de indemnización que marca la legislación, como pueden ser la situación de las personas, la formación, las razones de la empresa para el despido…
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