UGT vuelve a demandar al Gobierno español ante Bruselas. Si hace más de año y medio presentó una reclamación por considerar barato el despido en nuestro país, ahora carga contra el bajo –o incluso nulo- precio de las horas extraordinarias que hacen los trabajadores -una ... media de 13 millones cada mes, el equivalente a 130.000 puestos de empleo permanentes- y busca elevar su coste.
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Así lo anunció este jueves el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, durante un encuentro con la prensa. «El reino de España está incumpliendo la Carta Social Europea, que obliga a los estados miembro a tener un sobrecoste de las horas extra de al menos el 25%», argumentó. Por ello, UGT presentó el pasado miércoles ante el comité de derechos sociales de la UE una demanda contra el Gobierno para exigir que la legislación española recoja esta exigencia legal de pagar un recargo del 25% por esas horas que se trabajan de más y que para la mitad de los trabajadores ni siquiera se pagan o se pagan en negro, tal y como señaló Álvarez.
«Queremos conseguir desincentivar la utilización de las horas extra como instrumento bastante habitual en nuestro país y queremos que se acabe con esta situación de horas extraordinarias no declaradas, ilegales», advirtió el líder de UGT, que denunció además que la Inspección de Trabajo está «infrafinanciada» y exigió al Ministerio «más recursos», porque España tiene un 50% menos de presupuesto que Francia o Países Bajos.
Además, Álvarez recalcó que el registro horario sigue siendo una asignatura pendiente en España y que la inspección y el Gobierno lo saben. Por ello, en esta demanda también han denunciado al reino de España por la falta de aplicación de las normas que son comunes al derecho comunitario.
Por otra parte, UGT acusó al Ministerio de Justicia de haber torpedeado la demanda contra España por el coste del despido y haber pedido a Bruselas que retrase la sentencia que puede publicarse en cualquier momento.
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Álvarez afirmó haber manifestado al nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, su «desagrado» e «incomprensión» por el hecho de que desde el Ministerio se hayan «puesto palos en el camino para intentar retrasar la resolución». «Nos consta que ha sido así, porque tenemos información de primera mano de que ha sido así», precisó Álvarez, aunque señaló que la cartera de Justicia se ha comprometido a que, si ha sucedido, «no volverá a ser así».
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