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Vivimos desde hace años en una sucesión de crisis económicas, ya sean motivadas por la inestabilidad financiera, por una pandemia o por una guerra. Y una de las peores consecuencias de las crisis es la destrucción de empleo. La Unión Europea puso en marcha un ... fondo de solidaridad para ayudar a encontrar empleo a los trabajadores despedidos en procesos de reestructuración provocados por la globalización económica. Ese instrumento, denominado Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG), empezó a utilizarse en 2007 dirigido a una ayuda de emergencia para que los que perdieran su empleo por la globalización y la deslocalización encontraran otro con prontitud.
Pero desde entonces ha tenido que ser aplicado en otras muchas circunstancias, como las pérdidas de empleo provocadas por el coronavirus o por la subida de precio de las materias primas derivada de la invasión injustificada de Ucrania que ha llevado a la quiebra a muchas empresas. Hasta ahora ha beneficiado a más de 168.000 trabajadores en más de veinte estados europeos movilizando alrededor de 690 millones de euros. Y la Comisión Europea se prepara para tener que utilizarlo en un futuro en las reestructuraciones que se produzcan como consecuencia de la robotización o digitalización de la economía.
En España, el fondo ha proporcionado ayudas a trabajadores del sector de la automoción, la cerámica, el textil, la metalurgia, la construcción, la hostelería y la alimentación. En total se han presentado 28 solicitudes con casi 20.000 potenciales beneficiarios; la última, relativa a las personas despedidas del sector del aluminio en Galicia, ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 10 de mayo. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, las personas atendidas hasta 2020 han sido 11.017, con un coste total de las ayudas de 85,4 millones de euros, de los que el fondo europeo aportó 49,5 millones. Eso supone un coste medio por persona atendida de 6.468 euros y una tasa media de ejecución de proyectos del 75%.
Entre ellos, los 303 trabajadores despedidos por el productor de aluminio Alu Ibérica en Galicia, que quebró el año pasado al subir tanto el coste de la energía y de las materias primas debido a la guerra de Ucrania que dejó de ser competitiva. El coste de asesoramiento y recualificación de los trabajadores despedidos asciende a 1,5 millones de euros, de los que el fondo europeo aporta el 85%. Además, se prevé que puedan sumarse otros 312 trabajadores de industrias auxiliares y proveedores.
También se destinaron 2,8 millones de euros a 450 trabajadores del sector automovilístico de Cataluña que perdieron su empleo en diez proveedores del sector cuando Nissan cerró su planta de producción como parte de su plan para reducir su presencia en Europa y centrarse en China, Norteamérica y Japón. Antes de ellos el fondo aportó 1,4 millones de euros para 320 trabajadores también del sector del automóvil en Aragón cuando 50 empresas realizaron reestructuraciones por la pandemia del coronavirus. Asimismo, se aprobaron 1,2 millones de euros para facilitar la búsqueda de un nuevo empleo a 300 trabajadores despedidos del sector metalúrgico vasco.
Entre las últimas peticiones están Francia y Grecia. En octubre del año pasado se propuso la aportación de 17,7 millones de euros para asistir a 1.580 empleados de Air France que perdieron el trabajo por las restricciones a la movilidad debido a la covid-19. Y en el país heleno 206 trabajadores de fabricantes de electrodomésticos en la región de Ática fueron despedidos este año debido a la escasez de suministros de componentes electrónicos y a los altos costes de producción.
El dinero sirve para financiar entre el 60% y el 85% del coste de los proyectos de asistencia, emprendimiento, asesoramiento y formación que se desarrollen durante dos años para que encuentren un nuevo empleo. No son ayudas de apoyo a las empresas para que se modernicen o puedan sobrevivir ni tampoco se trata de prestaciones por desempleo. Lo solicita un Estado cuando tiene conocimiento de despidos a gran escala debidos a la globalización o a una crisis y una vez que los representantes de los empresarios y los trabajadores han acordado un plan social. Así pasó con los despedidos en la construcción naval y sectores auxiliares en Galicia. España solicitó el apoyo del FEAG después de que 960 trabajadores de empresas auxiliares a los astilleros de Galicia fueran despedidos entre mayo de 2019 y febrero de 2020.
El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, subraya que la solidaridad de la UE es fundamental para superar el reto de muchas personas que se enfrentan a despidos debido a circunstancias que escapan a su control». Y parece que cada vez surgen más coyunturas de ese tipo.
El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) puede activarse, como norma general, cuando una única empresa (incluidos sus proveedores y los transformadores de sus productos) despide a más de 200 personas, pero también puede ser solicitada por pymes de diversos sectores de la misma región o de un sector concreto en una o más regiones vecinas. Además, se han flexibilizado los criterios para poder proteger también a los trabajadores por cuenta propia que se vean afectados siempre que sumen en conjunto con los empleados por cuenta ajena al menos 200 en dos de las regiones contiguas dentro de un periodo de referencia de cuatro meses. Aunque si se trata de zonas aisladas o en circunstancias excepcionales se puede solicitar la ayuda con un número menor de casos.
La mejor forma de medir la eficacia de estas ayudas es conocer la tasa de reinserción en el mercado laboral de los despedidos, cuántos encuentran un nuevo empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. El dato es muy variable según el sector, la edad, la formación... pero según datos del Ministerio de Trabajo esa tasa de recolocación en España se sitúa en el 30%.
Es el Estado (en el caso de España con las Comunidades Autónomas) quien solicita la ayuda a la Comisión Europea, que tiene que ser refrendada por el Parlamento Europeo. Lo que no cubre el fondo europeo son los despidos en el sector público por recortes presupuestarios ni financia prestaciones por desempleo.
El fondo costea durante un periodo limitado la formación y reciclaje a medida de cada trabajador, incluida -y priorizando- la adquisición de capacidades en tecnologías digitales, la ayuda a la recolocación, o el establecimiento por cuenta propia o la creación de una empresa. Si un trabajador despedido quiere montar su empresa o convertirse en autónomo puede llegar a recibir hasta 22.000 euros. El presupuesto anual es de 210 millones de euros para el período 2021-2027. Los estados pueden adelantar las ayudas que luego serán reembolsadas por la Comisión Europea.
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