Trabajo prepara una ayuda para 500.000 parados sin ingresos en la pandemia

La medida entrará en vigor en cuanto se firme el acuerdo y tiene como objetivo que los desempleados que consumieron sus prestaciones desde el estallido de la pandemia (entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre) sin estar afectados por un ERTE tengan una ayuda extra. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la ayuda será de 430,27 euros, que es la cuantía habitual de los subsidios por desempleo, el 80% del IPREM.

«Durante la pandemia, una parte de las personas que estaban en situación de desempleo consumieron su prestación o su subsidio y no han podido encontrar un nuevo trabajo a causa de la situación de emergencia, por lo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales estudian las alternativas para mejorar la protección de este colectivo», explican en el ministerio. Además, para cobrar esta ayuda no habrá que acreditar que no se llega a un mínimo de renta, como sí ocurre con otros subsidios de este tipo.

Desde UGT explican que los que habían agotado su prestación durante la pandemia o se habían quedado en desempleo en esos meses sin derecho a prestación sufrían un «agravio comparativo» con los derechos reconocidos a las personas acogidas a un ERTE, a quienes no se les ha exigido requisitos previos para el cobro del subsidio. Mª Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato, asegura que este plan está aún en fase de negociación y que no hay que olvidarse tampoco de los 1,6 millones de personas que estaban sin protección por desempleo antes de que estallara la crisis.

«Es imprescindible abordar la negociación del sistema de protección por desempleo en nuestro país para que nadie quede sin protección. La salida de la crisis no puede dejar a nadie atrás y nuestro país no debe pagar una factura en términos de igualdad como ya ocurrió en la crisis anterior», señala.

Si este cálculo de beneficiarios se cumple, el coste total para las arcas públicas será de unos 710 millones de euros en el último trimestre del año. Es un volumen mucho menor que los ERTE, que ha supuesto hasta ahora un desembolso de más de 9.000 millones de euros para el Estado, a pesar de que a partir de mayo el número de empleados que salieron del ERTE ha sido muy importante. También la prestación de cese de actividad para autónomos ha supuesto un gasto mayor, de unos 1.000 millones de euros.

Por otro lado, se negocia también una mejora en la prestación que reciben los trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial porque han sido afectados por un ERTE. «Se trata de avanzar para que las cuantías de las prestaciones que perciben se equiparen a las de los trabajadores que no sufren esta parcialidad en los contratos», señalan en el ministerio.

Y es que hasta ahora el SEPE calculaba las prestaciones de estos trabajadores a tiempo parcial con un método que reconoce ayudas menores que a los de jornada completa. El pacto incluye un apartado para que el ministerio recalcule esta prestación y les compense por lo que hayan dejado de ingresar estos meses.

Fuentes de la negociación aseguran que para firmar este acuerdo solo queda aprobar la redacción final, ya que agentes sociales y Gobierno están de acuerdo en estos puntos.