Más de un tercio del empleo creado es gracias a la reforma laboral

La cuestión es que resulta muy complejo, por no decir casi imposible, conocer los efectos que ha tenido en el mercado laboral, tanto por la multitud de leyes de las que consta como por lo difícil que es discernir qué es realmente consecuencia de ella y qué del propio devenir del ciclo económico. Precisamente coincidiendo con este aniversario el FMI publicó un informe sobre su impacto en el que sostiene que impulsó la creación de empleo, ayudó a mejorar la igualdad de ingresos y evitó un desempleo juvenil mayor, aunque ha reducido el promedio de horas trabajadas y, posiblemente, aumentado el empleo a tiempo parcial involuntario, lo que puede haber provocado un deterioro en la tasa de pobreza laboral.

Datos en mano, desde ese primer trimestre en que se aprobó, el paro ha bajado en más de 2,3 millones de personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Bien es verdad que tras la reforma siguió creciendo durante todo el 2012 hasta tocar techo en el primer trimestre de 2013, con más de 6 millones de desempleados y una tasa del 27%. Desde entonces, ha ido cayendo de forma progresiva y la tasa ha descendido en más de diez puntos hasta situarse en el 13,7% actual. Aún así, sigue siendo la segunda más alta de Europa.

Fuentes del sector señalan que si en la primera parte de la crisis se hubiera contado con esa mayor flexibilidad interna y la moderación salarial que trajo la norma –consecuencia también de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva– se habrían evitado aproximadamente ocho puntos de incremento del paro, por lo que no habría superado la barrera del 20%. De igual manera, este grupo de expertos considera que algo más de un tercio de todo el empleo creado en la recuperación –incluso podría llegar al 40%– se debe a esa contención salarial tras la reforma. Teniendo en cuenta que desde 2012 hay más de 2,6 millones más de trabajadores, equivaldría a cerca de un millón de empleos creados (entre 860.000 y un millón) gracias a ella.

«Efectivamente se produce una moderación salarial», admite Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico del BBVA Research. Algo que refrenda Carlos Martín, director del Gabinete Económico de CC OO, quien explica que una de las medidas más utilizadas por las empresas ha sido la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que incluye el artículo 41, que permite a las empresas bajar los salarios de sus empleados de manera unilateral, aduciendo razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. «Esto ha provocado una fuerte devaluación salarial», se lamenta Martín, quien explica que ahora el nivel salarial se aproxima cada vez más al mínimo fijado en el convenio, ya que durante la crisis ha habido muchas absorciones de las subidas pactadas.

De hecho, el poder de compra de los salarios ha caído entre 2008 y 2017 (último año con datos disponibles) en más de 10 puntos porcentuales, 3,2 puntos de pérdida desde la entrada en vigor de la reforma, destaca el dirigente de CC OO. Se basa en los datos del INE sobre el Índice de Precios del Trabajo (IPT), que mide el salario por hora pagado por realizar el mismo trabajo. Esta menor capacidad de compra se debe también a la reforma de 2010, que permitió crear comisiones 'ad hoc' en una empresa con objeto de descolgarte del convenio colectivo y así poder bajar las remuneraciones. Aunque solo ha habido 200.000 'descuelgues' de convenios, el 70% se ha pactado en estas comisiones, en las que ya no es necesaria una comisión paritaria, precisa Martín, quien señala como los dos grandes efectos de la norma la devaluación salarial y la desigualdad.

Desde CC OO admiten que los artículos que afectan a la negociación colectiva y rebajan el poder de los sindicatos «no han tenido mucho recorrido hasta el momento», tales como la ultraactividad y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresas, pero «son bombas de relojería» que estallarían en caso de que hubiera otra recesión, por lo que urgen a derogar con urgencia los aspectos más lesivos de la norma, como ha prometido el nuevo Gobierno.

No está de acuerdo Federico Durán, socio director del área de Laboral de Garrigues, quien destaca el «efecto globalmente positivo» que ha tenido sobre las relaciones laborales, las empresas y en parte también sobre los trabajadores, porque ha permitido mantener el empleo a cambio de una mayor flexibilidad. Pero sí admite que la prevalencia del convenio de empresa, aunque le parece «razonable», ha generado un cierto «dumping social de empresas» que no existían para abaratar costes (las conocidas como subcontratas), lo que ha presionado a la baja los salarios. De igual forma, critica que se ha generado más inseguridad jurídica, ya que ahora es más fácil proceder a un despido colectivo, pero la mayoría se judicializa.

En esta misma línea, Doménech reconoce que la reforma «no ha resuelto todos los problemas del mercado de trabajo, pero nos ha permitido tener una mayor flexibilidad, una recuperación más rápida, una mayor creación de empleo y del PIB». Por ello, aboga por centrarse en cómo se puede incentivar la contratación indefinida en detrimento de la temporal, cómo se puede reducir la inseguridad jurídica que perciben las empresas, cómo mejorar la negociación colectiva y aumentar la flexibilidad salarial para que los trabajadores participen del aumento de beneficios y de la productividad de las empresas.

De igual manera, Marcel Jansen, investigador de Fedea, quien considera que pese a que la reforma ha tenido «efectos indeseados», como la afloración de empresas multiservicios que recortan los salarios de los trabajadores o los cambios unilaterales de las condiciones de empleo, valora que «el efecto neto ha sido positivo», aunque «toca mejorarla».