El Gobierno propone una oferta de empleo público de 40.000 plazas sin el apoyo unánime de los sindicatos

De todas, 20.840 corresponden al turno libre, 10.600 a promoción interna y 8.681 a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 a promoción interna), según fuentes de la negociación. Estas cifras son aproximadas, pues las definitivas se darán a conocer en el próximo Consejo de Ministros, apuntan esas mismas fuentes.

En el caso de CSIF han calificado esta OEP de «insuficiente», ya que, a pesar de que el número total es mayor al del año pasado, cuando se convocaron 39.574 plazas, las plazas ofertadas de turno libre y promoción interna este año son menos de la mitad que el año anterior, cuando se convocaron 27.246 y 12.328, respectivamente. De esta manera, CSIF ha asegurado que la OEP de 2024 mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y las plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos. «La oferta de empleo público presentada hoy a los sindicatos reduce el número de empleo neto respecto al ejercicio anterior, lo que impedirá afrontar las deficiencias estructurales en esta administración y se produce una nueva pérdida de efectivos en el colectivo de personal laboral», aseguran.

Además, el sindicato ha denunciado el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir. «Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse», asegura, mientras que añade que la oferta de empleo presentada hoy «tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025».

La organización CC OO tampoco apoya la propuesta «ya que no se incrementan el número de plazas en Personal funcionario y personal laboral, no se ha mejorado el ratio en promoción interna».

Por su parte, el sindicato UGT se ha mostrado «satisfecho» con los criterios generales para la preparación de la OPE para 2024, al considerar que «avanza en la creación de empleo neto, tan necesario para rejuvenecer plantillas en la Administración General del Estado». Además, el sindicato recuerda que este será el último año en el que se aplique la tasa de reposición, una reivindicación histórica de la organización.

El que parece ser un inminente anuncio oficial por parte de Moncloa con respecto a la OPE 2024 llega en paralelo a la problemática que sigue afectando a los interinos de las Administraciones. El Ejecutivo se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie acerca de si la conversión de los temporales de larga duración a indefinidos puede hacerse automáticamente o es necesario que se habiliten pruebas u oposiciones para aclarar su futuro.

A mediados de mes, la Corte de Luxemburgo avalaba que los interinos de larga duración de la Administración pasasen a ser indefinidos -incluso aunque no sean funcionarios- como fórmula para restituir la discriminación que supone los años vividos laboralmente en esa situación de inestabilidad. En un fallo, el TJUE insistió en que se deben hacer fijos a quienes encadenen durante años contratos precarios porque, según indica, la ley española no contempla ninguna sanción clara a los poderes públicos por abusar de los interinos, una de las insistencias que le vienen recordando desde Europa a los gobierno españoles.

El criterio europeo sobre el 'status' de los interinos vuelve a chocar con el establecido recientemente por el Tribunal Supremo. Hace apenas tres semanas, el Alto Tribunal rechazaba en un fallo la posibilidad de que los trabajadores temporales de larga duración de la Administración tuvieran plaza fija de forma automática, sin pasar por ninguna prueba. Con este fallo, la Justicia europea insiste en la posición que ya fijó el pasado mes de febrero, en la que instaba a esta conversión sin tener que pasar por pruebas adicionales. Aunque este punto está todavía por discernir debido a las discrepancias de criterio entre el Supremo y el propio TJUE.

Esa sentencia supuso un jarro de agua fría para los miles de interinos que llevan años encadenando contratos y esperaban convertirse en funcionarios automáticamente. La Sala de lo Social consideró que esa conversión era «incompatible con el sistema español». Ante la inquietud generad, el propio Supremo se dirigió al TJUE para que «aclare» cuál debe ser el régimen por el que los temporales de la Administración pasen a ser funcionarios y así evitar la «discriminación» que sufren tras años de precariedad.