Los sindicatos advierten de que las concesiones a los interinos pueden ser inconstitucionales

Pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, desveló durante una entrevista en la radio que algunas de las novedades que se pretenden introducir durante su tramitación como proyecto de ley –otra de las concesiones de Montero– «el propio Ejecutivo las había rechazado alegando la inconstitucionalidad de las mismas». Álvarez advirtió además que «las medidas presentadas introducen nuevos elementos discriminatorios importantes». «¿Por qué personas que lleven diez años en el mismo puesto pueden tener derecho a tener una plaza fija y otra que haya cambiado de puesto en esos diez años no va a tenerlo?», se preguntó.

En esta misma línea, Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, denunció que «en esto no se puede improvisar, porque se puede generar discriminación». «¿Por qué diez años de antigüedad y no tres?», inquirió, recordando que recientemente el Supremo modificó su doctrina y fijó que la temporalidad superior a tres años es excesiva. Por ello, urgió al Congreso a que dé forma a un texto legal con seguridad jurídica, para «evitar que estos procesos selectivos sean tumbados por los tribunales».

Desde CC OO también mostraron su escepticismo sobre los cambios que se pretenden introducir en un acuerdo que estaba «muy trabajado, con todo muy mirado, con una seguridad jurídica y una aplicabilidad impecables». Su preocupación es que ahora al incluir estas modificaciones no se haga con esta misma rigurosidad y provoque problemas constitucionales y judiciales. «Si luego puede tener problemas de seguridad jurídica o de concreción de aplicación, en vez de andar para adelante, te puede pasar al contrario, que te paralices y entres en un círculo de judicializaciones», explicó a este periódico Héctor Adsuar, portavoz de CC OO.

Pero... ¿cuáles son realmente los cambios en la nueva norma que propone ahora el Gobierno? El anuncio que se ha vendido a bombo y platillo es que los interinos con más de diez años de antigüedad no tendrán que hacer oposiciones. Pero esto hay que matizarlo, puesto que para ello se exigen unos requisitos que no son fáciles de cumplir, por lo que las estimaciones de los sindicatos es que no muchos puedan beneficiarse de esto.

En primer lugar, el empleado público debe haber estado durante al menos diez años en el mismo puesto, algo que no suele suceder, ya que lo normal es encadenar contratos en plazas diferentes. Además, se impone como condición que no se haya convocado en esos diez años una oposición para ese puesto. Desde CC OO señalan que en determinados sectores no habrá muchos, como sanidad y educación –precisamente donde más temporalidad hay–, puesto que los procesos de estabilización suelen darse cada menos tiempo (cada dos años en el caso de la enseñanza).

Además, cabe precisar que aquellos que cumplan estos difíciles requisitos no pasarán a ser fijos directamente, sino que se librarán de la fase de oposición, pero sí tendrán que competir en la fase de concurso, la de méritos, algo que los sindicatos también temen que después se pueda cuestionar y recurrir.

Otra de las concesiones del Gobierno es que las pruebas de los procesos de oposición no sean eliminatorias para los interinos, de forma que la nota se produzca al final del proceso. Esto significa que no se exija una calificación mínima como ahora ocurre (aunque en muchos casos incluso este mínimo puede ser inferior a un 5), de forma que puedan pasar a la fase de concurso incluso con un 1 en el examen, algo que –alerta CC OO– también «tiene difícil encaje jurídico».

Además, se permitirá a los interinos conservar la nota de oposición hasta 10 años de cara a los procesos selectivos, es decir, que tendrán en cuenta para sacar la plaza fija no la nota del último examen, sino la mejor calificación de la última década.