Sánchez condiciona la contrarreforma laboral a un acuerdo con la CEOE

Estas declaraciones han sentado como un jarro de agua fría en los sindicatos, ya que es casi lo mismo que decir que no se hará, puesto que la patronal ha dejado claro en todo momento su postura contraria a esta contrarreforma. «Decir que solo se va a modificar la reforma laboral si hay un acuerdo entre los agentes sociales es tanto como dar derecho de veto a la CEOE», se lamentó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que instó al Gobierno a «corregir los aspectos centrales cuanto antes».

En esta misma línea se manifestó hoy su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, quien recordó al Ejecutivo «el compromiso que tiene con los trabajadores y los sindicatos», aunque se abrió a que pueda ser, en lugar de una derogación íntegra, «un desmontaje paso a paso». «Si ese desmontaje se deja en manos de la obligación de consenso social, todos sabemos que eso no va a ser así», advirtió.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quiso calmar un poco las aguas y precisó en rueda de prensa que las palabras del presidente sólo trasladan «la vocación y una práctica que el Gobierno ha llevado a cabo desde que tomó posesión: la de debatir, consensuar y aprobar en el marco del diálogo social todo lo que tiene que ver con el ámbito de las relaciones laborales y el mercado de trabajo». Pero negó que signifique «quitar o conceder derecho de veto a nadie».

Los sindicatos exigieron al Gobierno que abra ya la mesa del diálogo social para sentarse a negociar y tratar de lograr un acuerdo con carácter inminente. «Vamos a negociar esas correcciones en la reforma laboral y vamos a tratar de que haya un acuerdo», pidió Sordo, quien, no obstante, dejó claro que, en caso de que no sea posible llegar a un consenso con la patronal, «el Gobierno tiene que actuar». El líder de CC OO avisó de que van a ser «muy exigentes» para que el Ejecutivo se haga cargo de los compromisos que adquirió con los sindicatos y que se refleja en su propio programa electoral. «Hay que corregir los aspectos centrales cuanto antes», urgió.

La pandemia hizo saltar por los aires el calendario que el Ministerio de Trabajo había elaborado para desmontar la reforma laboral del PP, algo que pensaba hacer en tres fases. De hecho, durante los tres primeros meses del año el Gobierno ya se había sentado a debatir sobre este asunto con los agentes sociales, aunque no había «habido posibilidad de acuerdo con la CEOE», según recordó Pepe Álvarez, quien resaltó que «ahora en un plazo muy breve de tiempo hay que empezar el desmontaje».

Desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz, una férrea defensora de la derogación de la legislación laboral del PP, aseguraron a este periódico que no les consta que haya cambios, por lo que intentarán abordarlo «en los próximos días» en la mesa del diálogo social, incluso aunque la Comisión Europea se haya mostrado contraria, ya que aseguran que no condiciona los fondos. La idea era una vez que terminara la negociación que hay abierta sobre la regulación de los 'riders' convocar de nuevo esta mesa, aunque el tiempo apremia, puesto que en esta recta final de año también tienen por delante pactar la subida del Salario Mínimo, para lo que los sindicatos también solicitaron ayer una convocatoria urgente.

Una vez que se aprobó ya la derogación del despido por absentismo, los aspectos más inmediatos eran modificar cuatro puntos de la legislación laboral para primar el convenio del sector, recuperar la ultraactividad, limitar la subcontratación y revisar los descuelgues. Es más, el pasado septiembre el Ejecutivo preveía hacerlo en este 2020, tal y como recogió en el plan normativo para el segundo semestre del año. Suponía así una enmienda al pacto al que llegó con Bildu la pasada primavera para hacer una derogación íntegra.