La salida de los ERTE modera el desplome del coste laboral

Con estos datos, el INE ha atribuido el descenso del coste laboral a la menor disminución de las horas trabajadas en el tercer trimestre. Tras finalizar el estado de alarma a finales de junio, muchos trabajadores que estaban en el trimestre anterior en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se reincorporaron a la actividad en los meses de verano.

Así, los trabajadores afectados por ERTE, pese a formar parte de la plantilla de sus empresas, no son remunerados con salarios sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores y de los que se reincorporan a la actividad están exoneradas en su mayor parte.

En cualquier caso, el retroceso interanual del tercer trimestre, el coste laboral encadena dos trimestres consecutivos de tasas negativas. Esta cifra se compone del coste salarial y de otras cargas. Entre julio y septiembre, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) bajó un 0,9% interanual, situándose en 1.859 euros por trabajador y mes. Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el tercer trimestre 666 euros, con un descenso interanual del 1,5%.

Durante el tercer trimestre de 2020 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,8 horas. De ellas se perdieron 8,5 horas a la semana, de las cuales 1,7 horas no se trabajaron por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, incluyendo aquí el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por ERTE.

Por otra parte, el Pleno del Congreso votará hoy las enmiendas a la totalidad de PP y Vox para conservar el artículo del Código Penal dedicado a los piquetes de huelga, con penas de cárcel específicas, e incluso ampliar su castigo, tal y como propone la formación que lidera Santiago Abascal.

Ambas formaciones buscan tumbar la proposición de ley del PSOE, que contempla la derogación del artículo que contempla penas de cárcel de hasta tres años para los piquetes, y la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto. Esta iniciativa superó el pasado mes de octubre su primer debate de admisión a trámite, con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País, la CUP y el BNG, y ahora el PP y Vox han forzado una nueva votación antes de que pase a tramitarse ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Con enmienda a la totalidad, el PP propone recuperar en la iniciativa la redacción vigente, que castiga las coacciones para iniciar o continuar una huelga con penas de prisión de un año y nueve meses hasta tres años, o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. Vox va más lejos y en su enmienda busca conservar este artículo endureciendo el castigo, con penas de prisión mínimas de dos años y medio, pudiendo llegar a los cuatro años y medio. Concretamente, las penas de prisión contempladas van de dos años y seis meses a cuatro años y seis meses, y la multa de 12 a 18 meses.