¿Octubre o septiembre? Calviño y Díaz discrepan sobre la entrada en vigor del salario mínimo

En este sentido, la vicepresidenta primera trató este lunes de aclarar esta pregunta asegurando que se aplicaría en los tres últimos meses del año, pero la duda volvió a surgir al cabo de pocas horas puesto que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, prometió a los agentes sociales que su entrada en vigor será desde el 1 de septiembre, exhibiendo las discrepancias que aún existen entre ambos partidos de la coalición, según desvelaron los sindicatos tras la reunión mantenida y confirmaron también a este periódico fuentes del ministerio de Trabajo.

«Le hemos preguntado directamente para saldar la discrepancia de hoy que cuándo va a entrar en vigor el SMI y el secretario de Estado ha dicho que entra en vigor el 1 de septiembre», aseguró Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO, una afirmación que corroboraron desde UGT. Por el contrario, Calviño precisó horas antes en una entrevista a TVE que «lo ideal es que lleguemos a una decisión clara en el curso de septiembre para que ese aumento pueda aplicarse en octubre, noviembre y diciembre de este año».

Tal y como se esperaba después de la intervención de la vicepresidenta primera, la reunión del Gobierno con los agentes sociales terminó sin acuerdo, pero el Ejecutivo no da por rotas las negociaciones y seguirá manteniendo conversaciones informales con sindicatos y patronal, aunque el sí de la CEOE a un nuevo alza para este año parece casi que imposible.

A este respecto, la vicepresidenta económica dejó claro que –como ya había avanzado el presidente Pedro Sánchez– este alza se producirá haya o no acuerdo. «Ojalá haya un acuerdo, nosotros hemos apostado por el diálogo y esperamos que los agentes sociales sigan teniendo la actitud constructiva y responsable que han tenido toda la pandemia», señaló. Y en este caso estas palabras sí fueron suscritas por Díaz:«Me gustaría que hubiese acuerdo, pero si no fuese así lo importante es que se haya producido el diálogo social con los agentes sociales y que todas las partes hayan podido opinar y trabajar sobre la propuesta», precisó durante un viaje oficial a Asturias.

El Gobierno mantuvo su propuesta durante la reunión de ayer de realizar un alza del SMI de entre 12 y 19 euros para este año, tal y como indica el informe elaborado por el comité de expertos. Su primera propuesta se situó en la franja media: 15 euros para 2021 y 31 euros más en 2022 y 2023, por lo que alcanzaría a final de legislatura los 1.027 euros. El informe sitúa el 60% del salario medio al que se comprometió el Gobierno de coalición a aumentarlo en 2023 entre los 1.011 y 1.049 euros, la horquilla en la que podría moverse el Ejecutivo, según fuentes oficiales.

Sin embargo, a los sindicatos «el aumento relativamente limitado» para este año que reconoció Calviño les parece insuficiente y exigen un alza de 25-30 euros para que al menos este colectivo mantenga el poder adquisitivo y situarlo en el entorno de los 1.000 euros en 2022. «En 2022 el SMI tiene que elevarse a los 1.000 euros y faltaría por cerrar lo que queda de año, para que en los 16 meses que quedan por delante se gane poder adquisitivo», defendió el líder de CCOO, Unai Sordo.

Por ello, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, señaló que la reunión de este lunes «terminó casi como empezó, con pocos avance». Desde Trabajo señalaron a este periódico que seguirán negociando, pero que la subida tiene que ser «inminente» y se aprobará este mismo mes.

Por otra parte, Calviño destacó los buenos datos de empleo del mes de agosto en la recuperación económica, unos datos que -señaló- son consecuencia de la buena evolución de los ERTE, donde solo quedan 275.000 personas, según las últimas cifras, cuando llegaron a suponer casi cuatro millones de empleados en los peores meses de la pandemia. «Los ERTE han sido uno de los elementos más importantes de respuesta a la crisis y hay que plantearse cómo será este mecanismo en el futuro», explicó.

Por ello, este mes -la actual prórroga finaliza el día 30- el Ejecutivo también negociará con los agentes sociales sobre este tema para ver «cómo hacer la transición desde el modelo actual a uno permanente». La vicepresidenta aclaró que ella está «a favor de una prórroga», pero modificando el modelo para que siga respondiendo al objetivo de recuperar el empleo. Significa esto casi con toda probabilidad que implicará una revisión de las exoneraciones a la Seguridad Social.

Y en cuanto a los Presupuestos Generales de 2022, Calviño dejó claro que quiere que España sea «un país normal» que renueva sus cuentas públicas a comienzos de cada año. Por eso, señaló que el objetivo es comenzar su tramitación a finales de septiembre o comienzos de octubre. «Es el momento de impulsar la recuperación, que todos estemos a la altura de las circunstancias», dijo en referencia a los apoyos que buscan conseguir del resto de grupos políticos.