La reforma laboral que quiere Bruselas

Esos son los efectos reconstituyentes que la ComisiónEuropea exige de la pócima de reforma laboral que España tendrá que entregarle antes del 31 de diciembre para garantizarse un nuevo tramo de ayudas de los fondos europeos de recuperación: 10.000 de los 140.000 millones de euros que tiene asignados el país. El plazo es la línea roja clave para todo este embrollo. Sí o sí ha de cumplirse y sí o sí debe hacerse con una propuesta que llegue con el beneplácito de todos los agentes implicados en la negociación: de los sindicatos y de la patronal. El diálogo social que el Gobierno les ha prometido.

A partir de ahí, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen no entra en los detalles. Ni exige a España que los convenios colectivos del sector prevalezcan sobre los de empresa ni se pronuncia sobre la ultraactividad (la prórroga automática de los mismos si no hay acuerdos). Asuntos que han formado parte de las disputas entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz por pilotar los cambios de la futura reforma. Simplemente quiere resultados. Y el primero es garantizar que se seguirán creando puestos de trabajo de forma continuada y que se pondrá fin al estigma del país: cuarta economía europea, sí, pero líder en tasa de paro.

En este sentido, desde que el Gobierno de coalición pactó desmantelar la normativa de Mariano Rajoy, Bruselas ha mandado puntualmente señales (a través de sus recomendaciones semestrales) de que, en parte, ha funcionado. Y que, en consecuencia, hay que ser cuidadosos con el nuevo camino que se quiere emprender. «Si quieres cambiar, asegúrame antes de que se mantendrá la capacidad de crear empleo», le viene a decir en lenguaje llano.

Tirando ya de subordinadas, términos envolventes y, en definitiva, de redacción cauta, los informes. El pasado año, antes de que la pandemia lo absorbiera todo, el Ejecutivo comunitario reflejaba en uno de ellos que las reformas implantadas en los años 2012 y 2013 «han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica, con la creación de empleos, que comenzó en 2014». Y añadía: «Será importante que cualquier medida nueva sólo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas anteriores».

Bajo el paraguas de la reforma en vigor, Bruselas siempre ha subrayado «la rápida disminución de la tasa de desempleo». En 2019, por ejemplo, hablaba incluso de «fuerte impulso entre 2012 y 2015». Y anteriormente destacaba las medidas «decisivas» que contenía, sobre todo en aspectos como la promoción de «la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de puestos de trabajo, modernizar y descentralizar la negociación colectiva y reducir el dualismo del mercado laboral».

Pero con el tiempo ha constatado sus grietas. Aunque la tasa de desempleo «se reduce progresivamente, el uso todavía generalizado de contratos temporales, incluso en sectores menos propensos a la actividad estacional o cíclica, se encuentra entre los más altos de Europa y puede obstaculizar el potencial de crecimiento y la cohesión social de España». Así que más empleo sí, pero también mejor.

En la nota alta que Bruselas otorgó el pasado verano al plan de recuperación presentado por España se valoraban las medidas planteadas «para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar la políticas de empleo». La Comisión destacaba la inclusión de un mecanismo de «estabilización y flexibilidad» que permitiría a las empresas «lidiar con ajustes en caso de perturbaciones económicas, basándose en el esquema de trabajo de jornada reducida existente». Una fórmula similar a los ERTE que se han activado en la pandemia, pero para momentos críticos de producción en las empresas. Podrían reajustar sus plantillas sin que ello implicase realizar despidos.

En esa evaluación, Bruselas también considera distintas acciones para acabar con la temporalidad. «Reformas legislativas para reducir el uso de contratos temporales en los sectores público y privado, incluso simplificando el menú de contratos y generalizando el uso de contratos indefinidos».

La Comisión resalta varias partidas que España se compromete a asignar como, por ejemplo, los 2.400 millones de euros para abordar la segmentación del mercado laboral y la modernización de políticas activas mediante «la reducción del uso de contratos temporales y un mejor apoyo a los solicitantes de empleo» favorecido por la digitalización de servicios públicos de trabajo, el incremento de la formación y los incentivos a la contratación.

También hace hincapié en otras cifras incorporadas por el Gobierno a su plan. Los 765 millones del programa de acción contra el desempleo juvenil o los 2.000 millones para mejorar la formación profesional (reciclaje y perfeccionamiento de la población activa mediante la creación de 135.000 nuevas plazas). Un ramillete de propuestas que, en el momento de emitirse ese informe favorable, también se supedita «al resultado del proceso de diálogo social» . Y en esas estamos.