Los parados tendrán un itinerario personalizado en un plazo máximo de cuatro meses

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto por el que se actualizan las políticas activas de empleo y que supone el primer desarrollo normativo de esta ley de empleo aprobada la pasada legislatura. «Las personas desempleadas van a ser sujetos de derechos. Es una norma fundamental que cambia el paradigma y la mirada», prometió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que además señaló que las políticas de empleo se centrarán especialmente en los parados mayores de 52 años, un colectivo formado por 1.097.000 personas (el 40% del total de desempleados), en su mayor parte mujeres, para que salgan de esta situación. Y a ellos irá destinado la mayor parte del presupuesto.

«El objetivo es actuar en los parados mayores de 52 años. Les digo que sé muy bien lo que es estar en desempleo. Les digo que van a tener una oficina pública en cualquier lugar de España que no solo les va a atender, sino también escuchar y a la que pueden exigir derechos», señaló la ministra de Trabajo.

El nuevo Real Decreto regula el catálogo de diez servicios garantizados y los seis compromisos que deben asumir los demandantes de empleo. Al mismo tiempo, detalla los seis servicios garantizados y los tres compromisos que han de asumir las personas, empresas o entidades empleadoras.

La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo engloba cuatro tipos de servicios, entre ellos la orientación personalizada para el empleo. Esto incluye el diagnóstico de la situación de la persona usuaria, en un plazo máximo de tres meses, y la elaboración de un itinerario personalizado en el plazo máximo de un mes desde que se elabora su perfil. Tendrá además tutorización y asesoramiento continuado durante las diferentes transiciones laborales que experimente.

La cartera común incorpora además servicios de intermediación, colocación y asesoramiento a personas y empresas, entre ellos la gestión de las ofertas de empleo; la información y el asesoramiento y las medidas de apoyo a la contratación; la prospección y captación de ofertas de empleo, y la identificación de las necesidades de las empresas.

Asimismo, dicha cartera incluye servicios de formación en el trabajo para la adquisición o mejoras de competencias que mejoren la empleabilidad, así como servicios de asesoramiento para el emprendimiento «viable», es decir, para aquellos proyectos de autoempleo que tengan futuro, acompañando las iniciativas que mejor se adapten al perfil del usuario.