La obligación generalizada de fichar permitirá revelar los abusos en el trabajo

El texto supondrá la modificación de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Infracciones y Sanciones laborales, porque, a juicio del Ejecutivo, es «la única forma» de controlar realidades tan complejas como la horas extras sin retribuir; el fraude en la contratación parcial, al extenderse el horario de trabajo más allá de lo que dicte el pacto firmado; o, directamente, los «abusos» en el trabajo, como lo define el Ministerio.

Para lograrlo, el Ejecutivo quiere que todas las empresas cumplan con la obligación de registrar la jornada laboral de cada trabajador. Se tratará de una relación diaria de entradas y salidas, entre cuyos datos se deberían incluir el horario real que realiza cada empleado. Si se pone en marcha, los fichajes serán la tónica habitual en los accesos a las empresas, aunque se trata de una realidad que ya se da en las corporaciones, donde cuentan con plantillas amplias, y en empresas medianas. No ocurre lo mismo en muchos de los miles de pequeños negocios donde este control no está habilitado. Ahí es donde el Gobierno quiere fijar su radar con esta medida.

El borrador permitirá que los representantes sindicales tengan acceso a los datos de entrada y salida de la plantilla, con un informe mensual donde se especificarán los horarios que se han cumplido. Al mismo tiempo, establecerá excepciones al cumplimiento de esta norma, cuando se trate de trabajos con dificultades para controlar horarios, como los comerciales o los transportistas.

El contrato de trabajo también incorporaría «de forma expresa» el horario habitual. Y, sobre todo, que los empresarios que no cumplan con ese registro se entenderá que incurren en una infracción por cada trabajador afectado.

Sin embargo, esta vía para luchar contra este tipo de fraudes no pone de acuerdo a sindicatos y patronal. Los líderes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, esperan se impulse «en breve» porque consideran que es «fundamental» ya que «gran parte del fraude» es por la prolongación de las jornadas a tiempo parcial que se abonan en dinero negro. Ambas organizaciones esperan que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas con la CEOE. Pero que, si no es posible, el Gobierno lo saque adelante a través de un decreto-ley.

Desde la patronal nunca se han mostrado partidarios de generalizar este sistema de registros. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, remitió este miércoles a negociar esta iniciativa «dentro de la mesa del diálogo social» e insistió en que es un tema muy «importante» como para tratarlo «a la ligera».

Un estudio elaborado por CC OO concluye que la eliminación de las horas extra supondría la creación de 170.600 empleos a jornada completa. Solo en el segundo trimestre del año se registró la cifra más altas de tiempo adicional trabajado a la semana, con 6,8 millones de horas, de las que un 44% no fueron retribuidas.