El número de funcionarios se dispara en más de medio millón desde que Sánchez llegó a La Moncloa

La crisis sanitaria ha pasado, pero, aún así, el empleo público sigue teniendo un peso muy importante, primordial, en el crecimiento del mercado laboral español. De los más de 1,8 millones de nuevos afiliados medios que se han dado de alta en los últimos cinco años y medio, casi 520.000 se concentran en la Administración; es decir, más de uno de cada cuatro nuevos puestos, según datos extraídos del Ministerio de Seguridad Social.

Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, había en España algo más de 2,4 millones de funcionarios. En la actualidad, su número se ha disparado en más de un 21% hasta rozar por primera vez en la historia los tres millones. Nunca antes se había visto un ritmo de creación de empleo público tan espectacular, que duplica con creces el 9,6% que ha avanzado la afiliación con carácter general en este periodo.

Las sucesivas ofertas récord de empleo público están detrás de este fuerte aumento. El ejercicio pasado se convocaron cerca de 40.000 plazas y desde que Sánchez se convirtió en presidente se han lanzado más de 180.000, aunque una cantidad importante no son nuevos puestos sino que están destinados a la estabilización de empleos para reducir el abuso de interinos.

En cualquier caso, se trata de una cifra histórica, que triplica los 63.400 puestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Con la llegada de Sánchez se puso fin a los años de recortes de empleo en la Administración Pública, unos recortes que comenzaron con José Luis Rodríguez Zapatero y que siguieron con Rajoy para combatir la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando se frenó en seco la renovación de los puestos vacantes y se impuso una tasa de reposición cero. Ahora por fin se crea empleo neto gracias a una tasa de reposición del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en el resto.

Pero para los sindicatos no es suficiente y exigen que se elimine totalmente la tasa de reposición para renovar unas plantillas que siguen siendo insuficientes y están muy envejecidas. Así, la Administración General del Estado tiene 2.400 trabajadores menos que en el año 2010 y, además, sufre otro grave problema: el 60% de la plantilla se jubilará en los próximos ocho años, por lo que urge una renovación exprés. «Tenemos una carencia en el empleo público estructural», sostiene Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, que asegura que «no queremos ni un empleado público más ni uno menos de los necesarios».