El Estado inyecta 6.000 millones para pagar las pensiones

Por eso, el Gobierno decidió salir al rescate de la Seguridad Social, que ahora además tiene que hacer frente al gasto extra que supone haber puesto en marcha el Ingreso Mínimos Vital, inyectándole nuevos recursos para equilibrar el impacto en sus cuentas de la covid-19 y le concedió un nuevo crédito. Concretamente, el Estado le transferirá 6.000 millones de euros a esta Administración y otros 2.300 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que puedan hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los ERTE y de otras ayudas puestas en marcha, como la de las empleadas de hogar o la de los temporales que se quedaron sin trabajo durante el estado de alarma. Así lo anunció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que resaltó que con estas medidas se garantiza la protección a colectivos especialmente vulnerables.

Este nuevo crédito extraordinario al sistema de pensiones se suma al que ya se concedió el pasado mes de mayo por un importe de 14.002,59 millones de euros, con el objetivo también de atender las medidas excepcionales puestas en marcha en esta pandemia.

Sin embargo, la ministra portavoz aseguró que estos créditos son» transferencias, no préstamos», como así ha sucedido en anteriores ocasiones. El Gobierno pretende cumplir así con las recomendaciones acordadas por el Pacto de Toledo «con el objeto de no incrementar e ir reduciendo ese déficit histórico que tiene la Seguridad Social y trasladar una plena garantía de que por supuesto el sistema de pensiones es sostenible, no solo en el corto sino en el medio plazo», precisó Montero. En concreto, entre sus 21 recomendaciones esta comisión da de un plazo al Ejecutivo de tres años para terminar con el déficit y le insta a eliminar todos los gastos que no sean prestaciones contributivas, así como a poner fin a esta política de préstamos.

Estos créditos del Estado a la Seguridad Social que en los últimos años se han hecho imprescindibles para poder pagar las pensiones ha disparado el nivel de deuda de esta administración, hasta el punto de que asciende ya a 74.855 millones de euros, aproximadamente un 6% del Producto Interior Bruto (PIB), con los últimos datos proporcionados por el Banco de España relativos a septiembre. Y con estas nuevas transferencias la deuda seguirá aumentando, hasta que se lleve a cabo la ansiada reforma de las pensiones. 

Para justificar esta elevada deuda, el Ministerio destaca que en los últimos meses se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas por la pandemia que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras se continuaban atendiendo a las prestaciones habituales, como las pensiones o la prestación por nacimiento de hijo. Entre las medidas de protección de rentas por la pandemia, las que mayores recursos se llevan son las prestaciones extraordinarias para autónomos y las exoneraciones de las cotizaciones sociales en los ERTE para los sectores más afectados por la crisis o con limitaciones de actividad o impedimento, medidas que se han extendido hasta finales de enero.

La Seguridad Social se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente mediante cotizaciones de trabajadores y empresas, y con transferencias por parte de la Administración Central. En el Proyecto de Ley de Presupuestos de Generales del Estado para 2021 se incluye como novedad una transferencia de 13.929 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo. Con ello se da un nuevo paso para que las políticas no contributivas que realiza el sistema de la Seguridad Social las financie la Administración Central y para dar certidumbre sobre nuestro sistema de pensiones, según resaltó el Ministerio.