Nuevo aviso de Europa a España para que reforme el despido y lo encarezca

El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó este miércoles en Estrasburgo una recomendación a España que forma parte del seguimiento que hace de forma habitual a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, en este caso a la publicada el pasado 29 de julio, cuando este órgano dio la razón a UGT y resolvió que el despido en España viola la Carta Social Europea y, por tanto, el derecho comunitario por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada cuando el cese es injustificado. En definitiva, que despedir injustamente sale barato a los empresarios españoles, tal y como vienen denunciando los sindicatos estos últimos años y, por eso, UGT presentó a Europa esta reclamación que ha prosperado en marzo de 2022.

El Comité de Ministros europeo, el órgano ejecutivo de la organización y donde están representados los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, recomienda a España «proseguir los esfuerzos para garantizar que el importe de la indemnización pecuniaria y moral concedida a las víctimas de despidos ilegales sin motivo válido sea disuasorio y disuasivo para el empleador, a fin de garantizar la protección de los trabajadores contra tales despidos ilegales».

Asimismo, le insta a «revisar y modificar la legislación» para garantizar que la indemnización concedida en casos de despido improcedente, y cualquier escala utilizada para calcularla, «tenga en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de su caso».

Por último, aboga por indicar las acciones tomadas para cumplir con esta recomendación en el próximo informe sobre el seguimiento de esta decisión.

Con esta nueva advertencia, Estrasburgo presiona más al Gobierno para que actúe, una vez que el pasado julio el órgano encargado de velar por que los Estados cumplan la Carta Social Europea –que España ratificó en 2021 y se comprometió a cumplir– sentenció que el derecho comunitario a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada cuando el trabajador es despedido sin una justificación válida «no está suficientemente garantizado» en España.

En este sentido, el comité europeo señaló que la reforma laboral que se aprobó en España en 2012 (bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y en plena Gran Recesión) redujo la compensación a pagar en los casos de despido improcedente de 45 a 33 días de salario por año de trabajo y disminuyó también el límite máximo de 42 a 24 mensualidades, sin que los tribunales concedan generalmente compensaciones adicional, una práctica que a raíz de esta resolución de Europa muchos juzgados están cambiando y se están posicionando a favor de elevar estas indemnizaciones.

Por eso, el comité considera que «los límites máximos fijados por la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador», sino al contrario: «puede servir más bien como un incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de manera injusta». Por eso, aboga, tal y como piden los sindicatos, por una indemnización a la carta y además por recuperar el pago de los salarios de tramitación, el sueldo que el trabajador deja de percibir desde que la empresa le echa hasta la sentencia que condena su cese.