Escrivá plantea subir a 35 años el periodo para calcular la pensión inicial

El expresidente de la AIReF ha elaborado un borrador que ya circula por La Moncloa que incluye la posibilidad de ir alargando gradualmente hasta los 35 años el periodo de cómputo, una medida que está en la línea con el acuerdo alcanzado recientemente por el Pacto de Toledo: en su texto apuesta por «conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador en la determinación de la cuantía de su pensión». Sin embargo, la comisión abre también la puerta a que en determinados casos se puedan elegir los mejores años, otra opción que también barajó en su momento el anterior Gobierno del PP: ampliar a toda la vida laboral el cálculo, desechando los peores años.

De ser así, supondrá en un futuro pensiones menos generosas que las actuales, ya que ampliar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora provoca generalmente una reducción de la pensión media, puesto que normalmente los primeros años de trabajo son los que tienen peores salarios, mientras que el final de la vida laboral suele coincidir con unos mayores ingresos.

Esta es una de las medidas a las que se recurrió también en la anterior reforma de 2011, que estableció una ampliación progresiva del periodo de cálculo de los 15 años que había entonces a los 25 a los que se llegará en 2022. Este año eran 23 y a partir del 1 de enero sube hasta los 24 años.

Unidos Podemos salió ayer al paso para mostrar su oposición a esta medida. «No está en el acuerdo de coalición y no es un paso en la buena dirección», denunció este lunes la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra.

Quien no quiso entrar públicamente en esta polémica fue el propio Escrivá, al evitar confirmar o desmentir estas informaciones, aunque siempre se ha mostrado a favor de ampliar el periodo de cálculo incluso a toda la vida laboral durante su etapa al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF): «Estamos discutiendo algunos de estos detalles con los agentes sociales, hemos tenido varias reuniones pero es importante la discreción», apuntó durante un acto en Nueva Economía Fórum, para a continuación asegurar que «el diálogo social aquí va a funcionar».

Más preciso se mostró sobre lo que pretende cambiar de la reforma laboral. Una de las medidas que pondrá en marcha es penalizar a las empresas que den de baja los contratos el fin de semana o en vacaciones para evitar pagar las cotizaciones. «Es una práctica intolerable, que no debe aceptarse y no ocurre en los países del entorno. Claramente vamos a penalizarlo», explicó.

La idea es establecer una tasa que se cobraría al dar de baja un contrato, ya que el sistema actual es «tan ágil» -permite dar de alta y baja contratos 'on-line'-, que está acelerando estos «usos no aceptables». No obstante, Escrivá admitió que aún están estudiando «cómo hacerlo para que sea eficaz». La opción que barajan -según detallaron desde el Ministerio- es imponer «una pequeña tasa» por cada baja que se dé en un contrato, pero no para las empresas que lo hagan de vez en cuando, sino para quienes lo utilicen frecuentemente «por razones espurias».

Entre los cambios que maneja en materia laboral, Escrivá quiere diseñar un nuevo modelo de ERTE. «Es fundamental engarzarlo en la negociación colectiva y también añadir elementos de formación», apuntó. Por otra parte, aspira a mejorar las políticas activas de empleo. «A veces se incide mucho en lo que es la parte normativa laboral y creo que estos son dos elementos centrales», reiteró el ministro.