Multas desde 300.000 euros para las cotizadas que incumplan la paridad

Pero para poder reorganizar las estructuras, la ley dará hasta el 1 de julio de 2026 a las grandes empresas para alcanzar el objetivo, un «plazo adicional» al del 1 de julio de 2024 propuesto para las cotizadas, según explicó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Este margen supone adecuarse a la directiva europea que propone 2026 para cumplir este objetivo paritario. Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, el texto indica que «deberán adaptarse los procesos de selección en las empresas y, en caso de empate de varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo», que habitualmente es el femenino.

Sin embargo, esta norma solo afectará a unas cuantas empresas no cotizadas. Según fuentes del ministerio que dirige Calviño, del total de 1.700 entidades de interés público existentes en la actualidad, con los requisitos fijados en la ley quedarían afectadas solo 165. De esta forma, solo un centenar de compañías deberán reorganizar sus comités para hacerlos paritarios en julio de 2026.

Las que no cumplan tendrán que pagar una multa. Así lo establece la directiva europea, que habla de sanciones «efectivas, disuasorias y proporcionadas» para los infractores. En el caso español, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien determine las multas por infracciones, que irán desde los 300.000 euros o hasta el 2% de los recursos propios de la empresa cotizada si la cuantía es mayor, en función de la gravedad, indican a modo de ejemplo desde Economía. Es más, la fata de inclusión en la memoria de la información relativa a la igualdad de género en los puestos de alta dirección también será sancionada, así como cuando dicha información se presente de forma incompleta o aportando datos falsos.

Para las grandes empresas no cotizadas, los consejos generales y los colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40% no habrá sanciones, sino que solo tendrán que justificar los motivos y adoptar medidas para lograrlo.

Esta norma tiene por objetivo «romper el techo de cristal» y situar a España como uno de los países más avanzados en paridad empresarial a nivel mundial, indicó Calviño, que destacó que de esta forma se podrá «aprovechar el 100% del talento femenino para mejorar la productividad de las empresas y conseguir un crecimiento más sostenible».

Además, la ley establecerá este misma cuota del 40% del sexo menos representado en las juntas de gobiernos de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo. También aplica para los jurados que concedan premios financiados con dinero público. Y se obligará a los partidos políticos a crear 'listas electorales cremallera', es decir, donde se integren a hombres y mujeres con alternancia total.

Por parte de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años.

Durante su comparecencia, Calviño sostuvo que se pasará «de las recomendaciones y buenas prácticas a las obligaciones» para alcanzar la «igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica». Y aunque esta ley revolucionará la mayoría de consejos de dirección de las compañías -actualmente solo el 30% de las cotizadas cuenta con consejos de administración paritarios y menos del 20% en los puestos de alta dirección- el Ejecutivo no ha tenido en cuenta a las empresas para elaborar el documento: «Ni nos han preguntado ni tenemos el papel para poder valorarlo», indicaron a este periódico fuentes de la CEOE, la patronal de los empresarios, que aseguran estar a la espera de recibir el documento con todos los detalles para poder valorar más en detalle la propuesta.

En el seno de la CEOE hay opiniones para todos los gustos. Mientras que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se mostró «absolutamente de acuerdo» con la ley de paridad, destacando que no hay «ningún tipo de reticencia por parte de las empresas» para ello, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, criticó la norma: «No nos gusta en absoluto la obligatoriedad», subrayó. Apuntó que es «muy complicado cumplir» leyes de este tipo y que la norma «quita autonomía a las empresas».