El Gobierno prorroga 'in extremis' las ayudas al sector turístico para salvar 50.000 empleos

El rechazo parlamentario a su proyecto presupuestario para 2019 había dejado en la cuneta la continuación de las bonificaciones que estas compañías, tanto del turismo como del comercio y la hostelería vinculados al sector, vienen recibiendo desde finales de 2012 a cambio de mantener sus plantillas en los meses de febrero, marzo y noviembre. Los hoteleros, por ejemplo, dan empleo a 237.500 personas que se reducen a 160.000 durante la campaña invernal, un recorte superior al 32%.

Eso ocurre sobre todo en los destinos de sol y playa, donde prolifera la figura del trabajador fijo discontinuo, esto es, aquellos que trabajan solo en los meses con actividad y que cobran el subsidio del paro el resto. La extensión durante esos tres meses de 2019 del descuento del 50% en las cuotas que pagan a la Seguridad Social por esos empleados permitirá evitar muchos despidos y, además -destacó el Ejecutivo-, dar un «apoyo eficaz» a un sector que da trabajo a 2,8 millones de personas y que en 2018 aportó el 14,9% del PIB.

A continuación se exponen otras medidas relevantes del segundo decreto ley 'escoba' que aprueba el Consejo de Ministros en poco más de una semana, con un nuevo paquete de medidas socioeconómicas.

Entrará en vigor en mayo, dos meses después de que el BOE publique el texto, y busca «garantizar» que cada empresa «incluya» en él mismo «el horario concreto de inicio y finalización» de la jornada laboral de cada empleado. No obstante, «previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas» el Gobierno podrá, «ampliar o limitar la ordenación y duración» del tiempo de trabajo en ellas.

También estará habilitado para fijar «especialidades» en ese registro de jornada «para los sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». Sin embargo, la «organización y registro» del mismo queda en manos de la «negociación colectiva o acuerdo de empresa». En último caso, también podría decidir el empleador; eso sí, «previa consulta con los representantes legales de los trabajadores».

Supone anticipar el acceso a la prestación que ya se da a los parados mayores de 55 años, el mínimo de edad que se fijó en 2012 tras los recortes presupuestarios. Además, se reducen sus cotizaciones sociales al elevar la base al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI), establecido para 2019 en 900 euros al mes, y ahora se les permite cobrar la ayuda hasta la jubilación. Así, los 266.000 beneficiarios actuales aumentarían en otros 114.000, lo que eleva el coste anual a 349 millones de euros.

Destinadas a facilitar empleo a quienes lleven inscritos en las oficinas de los servicios públicos de colocación al menos doce meses durante el año y medio anterior a la firma del contrato. Para los acuerdos por tiempo indefinido, la reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social llegaría a 1.300 euros anuales por tres años, y 1.500 si se trata de una mujer. Pero si la empresa lo despide antes de un lustro o no mantiene el mismo nivel de empleo en su plantilla, deberá devolver ese dinero.

Se eleva la prestación por hijo a cargo para las familias en peor situación económica, cuya cuantía general se incrementa un 17,2% desde los 291 euros actuales por ejercicio hasta 341 euros. Para acceder a esta ayuda su límite de ingresos anuales no debe superar los 12.313 euros, y 18.532 euros en caso de que sean familias numerosas. Para los hogares en situación de pobreza extrema, la asignación sube a 588 euros anuales.

Aumenta la pensión mínima por incapacidad permanente total para menores de 60 años, que queda en 6.991 euros por ejercicio con cónyuge a cargo, y 6.930 euros si no lo tienen.

El decreto también recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, eliminado en 2012 por los recortes y dotado para este año con 70 millones. Además, se reducen un 14,6% las cuotas sociales en inactividad para los trabajadores agrarios por cuenta ajena que hicieron en 2018 más de 55 jornadas, y se bonifica la conversión en fijos de los temporeros del campo.

Por último, se da más seguridad jurídica para inscribirse en el sistema de garantía juvenil y se crea un grupo de expertos para la reforma del Estatuto de los Trabajadores.