El Gobierno abre la puerta a flexibilizar el contrato de formación

Lo que pretende el Ejecutivo con esta medida -para la que habría que modificar el actual contrato de formación y aprendizaje- es que las estructuras paritarias sectoriales (formadas por representantes de empresas y trabajadores de cada sector) identifiquen los contenidos y los elementos esenciales de la formación asociada a estos contratos para tratar de impulsarlo, ya que en los dos últimos años se ha reducido drásticamente.

Y es que, pese a que desde 2012 se han firmado más de 600.000 contratos de formación y aprendizaje, los cambios que introdujo el Gobierno para aplicar desde el 1 de enero de 2016 y que endureció el tipo de formación que se puede recibir provocó un desplome de este tipo de contratos, que pasó de sumar más de 175.000 en 2015 a los poco más de 48.000 en 2017.

Hasta ahora la formación que se ha de recibir durante el periodo del contrato de formación puede darse a través de dos vías: la Formación Profesional o bien los certificados de profesionalidad, que son cursos de 450 horas que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que depende, por tanto, de cada comunidad autónoma. La queja de los empresarios es que muchas veces no pueden acogerse al contrato de formación porque ni uno ni otro se adaptarían al puesto para el que se requiere el empleo.

Si la propuesta del Gobierno prosperara en la mesa de diálogo social, se abriría así una tercera vía para la formación, que sería pactada por los agentes sociales en los convenios colectivos, de forma que se trataría de una formación específica para cada sector.

Lo que el Ejecutivo no contempla -Báñez recalcó durante la presentación del informe que estaba destinado a menores de 30 años- es ampliar la edad para poder suscribir el contrato de formación, tal y como demanda la CEOE, que quiere que pueda “ser utilizado también para aquellos trabajadores, cualquiera que sea su edad, que hubieran sido despedidos en sectores en declive, con el fin de que puedan orientar sus conocimientos hacia una nueva profesión”, con el foco puesto principalmente en los parados de larga duración mayores de 45 años.

Hasta ahora el contrato de formación -que contempla importantes deducciones fiscales para las empresas- está reservado para menores de 30 años (el límite estaba fijado en 25 años, pero se extendió a los 30 hasta que la tasa de paro no baje del 15%) que no tengan una cualificación para el desempeño de ese trabajo. De esta forma, el empleado combina la formación académica con la actividad laboral retribuida (normalmente con una remuneración similar al salario mínimo interprofesional, que actualmente está fijado en 735,9 euros al mes repartidos en 14 pagas).

Sin embargo, si prosperara otra propuesta del Gobierno, el salario de los beneficiarios del contrato de formación superaría los 1.100 euros brutos al mes, puesto que -tal y como recordó Báñez- quieren implantar un complemento de 430 euros que se sumaría al salario mínimo fijado por convenio, por lo que en ningún caso sería inferior a 1.165 euros mensuales repartidos en 14 pagas.