El Gobierno propondrá multar a las empresas por cada contrato temporal injustificado

Por eso, la ministra aprovechó la ocasión para anunciar que el Ejecutivo va a proponer a los interlocutores sociales en la mesa de calidad en el empleo endurecer la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa justificada. Más concretamente, pretenden imponer tantas sanciones como contratos temporales fraudulentos hayan firmado, corrigiendo de este modo el actual sistema centrado en la infracción y que no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados.

“Detrás de cada contrato en fraude de ley hay un trabajador y una vulneración. Queremos dar un paso más en ese sentido”, explicó Báñez, quien además explicó que esta medida irá acompañada de un estudio por parte de los agentes sociales de la contratación temporal, “sector a sector”.

De esta forma, el Gobierno accede a una de las peticiones que vienen haciendo los sindicatos en los últimos tiempos, que denuncian que a las empresas en realidad les sale prácticamente gratis contratar fraudulentamente a sus trabajadores, ya que apenas pagan una única penalización que parte de 600 euros y que puede agravarse en función del número de contratos injustificados o de la antigüedad. De igual manera las organizaciones de trabajadores abogan por incrementar la cuantía y aumentar el número de inspectores de trabajo.

Y no se van a quedar solo en esto. Báñez se comprometió a seguir planteando nuevas medidas para desincentivar la contratación temporal injustificada, porque -a su juicio- “perjudica a los trabajadores, repele el talento, merma la productividad y competitividad y reduce los ingresos públicos”.

Cabe recordar que la ministra ya anunció en septiembre pasado medidas para penalizar este tipo de contratación, entre las que propuso incrementar las cotizaciones sociales para aquellas empresas en las que haya una mayor tasa de temporalidad y abusen de una rotación excesiva, a través de un sistema 'bonus-malus', es decir, de premio y castigo. Además, quieren reducir a tres los contratos: uno indefinido, uno de formación (en lugar de dos) y uno temporal de protección creciente, que indemnice los despidos con 12 días al término del primer año, 16 días al finalizar el segundo año y 20 días a partir el tercero.

La idea del Ministerio era poner en marcha estas medidas antes de que terminara 2017 y, sin embargo, siguen sin ver la luz. La próxima reunión de la mesa de calidad para el empleo presumiblemente se celebrará en febrero.