El Consejo de Ministros quiere aprobar este viernes más de 30.000 plazas de empleo público

Las elecciones han precipitado todo el proceso y por eso hace un mes la ministra Meritxell Batet ya anunció que antes del 28 de abril darían luz verde a esa oferta, con el fin de «dar seguridad al cuerpo de opositores y sus familias» y «garantizar que todos los servicios públicos van a seguir funcionando». El argumento para hacerlo ahora -normalmente las conversaciones comienzan en primavera y se aprueban a final del primer semestre- es que, de lo contrario, la oferta podría bloquearse si esperan a la formación de un nuevo gobierno, más teniendo en cuenta que podría demorarse meses en vista de los resultados apretados que anticipan las encuestas.

Todo hace prever que el número de plazas que oferten no resultará inferior a la del año pasado. En julio se lanzó la mayor convocatoria de la última década con más de 30.800 puestos en la Administración Pública -de las cuales casi 2.000 eran nuevos empleos-, y precisamente la había dejado prácticamente acordada el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El mantenimiento de un volumen tan grande de puestos es una exigencia de los sindicatos, que reclaman una oferta mayor que supere el 100% de la tasa de reposición y sirva para crear empleo neto por segundo año consecutivo, al menos en sectores como Instituciones Penitenciarias, Agencia Tributaria y Seguridad Social, precisa UGT.

La OEP de 2018 se aprobó a través de tres decretos que comprendían en conjunto la convocatoria de 23.156 plazas, de las cuales 11.095 fueron de nuevo ingreso, 6.024 de promoción interna y 323 pertenecían a una oferta extraordinaria para la atención a asilados y refugiados. Otras 5.534 plazas correspondían a procesos de estabilización en la Administración General del Estado (AGE) y en Justicia. A ellas hay que sumar las 7.688 que había sacado ya en abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De la cifra que aprueben este viernes habrá que descontar las 1.735 plazas de refuerzo que ya autorizó hace pocas fechas el Ejecutivo para atender servicios afectados por la mayor carga de trabajo derivada del 'brexit' y que supusieron un adelanto de la de 2019, así como las 2.400 plazas de consolidación de empleo que se lanzaron en enero y febrero, explican desde el departamento de Batet. También apuntan que la oferta responderá a la tasa de reposición existente en la actualidad, la misma de 2018, puesto que al no haberse aprobado unos nuevos Presupuestos del Estado no se puede considerar otra. De esta forma se cubrirían el 100% de las bajas en los sectores considerados prioritarios (son más de veinte), se llegaría al 115% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que la tasa se queda en un 75% con carácter general.

Como novedad, y además de la oferta para este año, el Gobierno quiere recoger por primera vez una planificación plurianual en la que se incluyan las previsiones de empleo público para los próximos tres años, en vista además de que la legislatura concluye ahora y con el objetivo de que las próximas convocatorias «dispongan de más tiempo» y ofrezcan «una perspectiva más amplia». Es otra de las demandas sindicales, en su reivindicación de que de esta forma se corrija el déficit estructural de personal de AGE y se rejuvenezca la plantilla.

Los sindicatos vienen denunciando en los últimos años el progresivo envejecimiento de los trabajadores del Estado, debido a que durante la crisis se mantuvo una tasa de reposición cero y, por tanto, no entraba ningún joven. Así lo ha confirmado ahora el Ministerio tras la elaboración de un estudio detallado sobre la edad de los 137.000 funcionarios que prestan sus servicios al Estado (se excluyen aquí las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad).

La edad media de este colectivo ronda los 52 años, mientras la población ocupada en España tiene de 44 años como promedio, según avanzaron fuentes gubernamentales. Sus cifras apuntan, además, que casi la mitad tiene más de 60 años y el 70% de esta plantilla se jubilará en diez años, con lo que de no cubrirse estas plazas se generaría un vacío.

Por ese motivo la Administración General de Estado copará la mitad de la oferta de 2019, según las primeras cifras adelantadas este miércoles por el Gobierno a los sindicatos. En concreto, habrá 8.495 plazas de ingreso libre –aunque CSIF criticó que sean 200 menos que el año pasado y reclamó más puestos- y otras 6.613 de promoción interna.