El Gobierno se plantea subir el salario mínimo a 1.000 euros en tres años

Ahora el SMI se sitúa en 825,7 euros al mes repartidos en 12 pagas, por lo que implicaría un alza del 21% (esto es, 175 euros) de aquí a 2020. De esta forma, España pasaría a cumplir con la recomendación de la Carta Social Europea de que la retribución mínima se sitúe en torno al 60% del sueldo medio, como vienen exigiendo los sindicatos, que denuncian que España tiene el cuarto salario mínimo más bajo de la UE.

Lo que sigue siendo una incógnita es el incremento para 2018, que el Gobierno tiene que aprobar antes de final de año. En 2017 lo subió un 8% a cambio del apoyo del PSOE para los Presupuestos Generales del Estado y todo apunta a que para el nuevo ejercicio habrá «una subida importante», según fuentes cercanas a la negociación. La horquilla que se baraja oscila entre un 3% y un 8%, aunque por el momento tiene mayor peso una franja del 5%-6% (eso serían casi 50 euros más al mes para el SMI). Dependerá finalmente de si prefieren apostar ya por un alza mayor o dejar para final de legislatura el incremento más fuerte.

Esta propuesta no la ven con malos ojos ni siquiera desde la CEOE. Su presidente, Joan Rosell, ha dicho en más de una ocasión que los sueldos más bajos deben recibir un impulso mayor y defiende a su vez que una subida del SMI serviría para sacar a flote la economía sumergida que hay en el país (que sitúa en torno a un 20%). Además, explica que este año se ha comprobado que una fuerte subida no afecta negativamente a la creación de empleo.

Y para demostrar la escasa repercusión que esto tendría en las empresas, Rosell aportó en el último comité ejecutivo de la CEOE un estudio en el que analiza 50 convenios colectivos y donde concluye que con la subida del SMI ni siquiera las categorías laborales más bajas se verían afectadas. A la vista de estos datos, hubo un consenso mayoritario en que también los empresarios pidieran al Gobierno «un incremento sustancial», según fuentes presentes en esa reunión.

Sin embargo, esta unión terminó en división en la junta directiva del miércoles. Allí, el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro, que no había asistido al comité, se negó en redondo a apoyar un incremento importante del SMI y mostró incluso una mayor rotundidad al oponerse a mejorar la propuesta de subida salarial para 2018 en el Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo (AENC). Unas tensiones que en el seno de la patronal se ven como una estrategia personal de darse un perfil más duro de cara a las elecciones a la presidencia que habrá a final de año.

Y es que Rosell había recibido ya el apoyo unánime del comité ejecutivo para ofrecer a los sindicatos un alza de hasta el 3%, frente al 2,5% de máximo que llegó a proponer este año. La patronal mantendría la horquilla fija del 1,2% al 2% que ya apuntó, pero el variable ligado a la productividad se elevaría de medio a un punto. Eso sí, a cambio querrían pactar otros temas con los sindicatos como formación, absentismo, flexibilidad o la cifra de liberados.

Esta nueva propuesta de Rosell se acerca más a lo que quieren los sindicatos, que este año pidieron un alza del 1,8% al 3% y para 2018 la quieren a partir del 3%. El gran escollo sigue en la cláusula de revisión para que los salarios en ningún caso suban por debajo de la inflación, algo a lo que se oponen los empresarios aduciendo que resulta caduco y que ya se eliminó en muchos convenios a cambio de «otras mejoras». Su tesis es que no van a pagar un doble «peaje».