El Gobierno intentará revertir la reforma laboral en el «poco margen» que le queda

Para ello utilizarán la única vía que les queda, la del Real Decreto Ley, el método que han utilizado ya en 25 ocasiones durante estos ocho meses en La Moncloa para poder sacar adelante, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo, la revalorización de las pensiones o el incremento salarial de los funcionarios.

Nada dijo Sánchez sobre una de las medidas más esperadas: la derogación de al menos parte de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no se da todavía por vencido y fuentes del mismo aseguran a este periódico que «el poco margen que hay se aprovechará». Su intención es «sacar todo lo que se pueda» y enumeran una serie de temas que para este Departamento siguen siendo «prioritarios».

Derogar la reforma laboral de 2012 fue una de las banderas del PSOE durante la campaña electoral y su etapa en la oposición. Sin embargo, cuando llegó al Gobierno moduló su discurso ante la imposibilidad de lograr una mayoría parlamentaria para ello y comenzó a hablar de llevar a cabo una derogación de los elementos más lesivos de esta norma. Inició entonces una negociación con sindicatos y empresarios que terminó con un principio de acuerdo solo con las organizaciones de los trabajadores. Ahora, UGT y CC OO meten presión para que apruebe al menos las medidas pactadas. «No es imposible si hay voluntad política», insistió el viernes el líder de CCOO, Unai Sordo, mientras su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, instaba alGobierno a que «aproveche los dos consejos de ministros que le quedan».

Devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios (es decir, que se prorroguen de forma automática mientras no se apruebe uno nuevo), implantar un registro diario de jornada en las empresas y limitar la subcontratación son esas medidas ya acordadas. «Al Gobierno le encantaría sacarlo adelante», aseguran fuentes gubernamentales, que matizan, no obstante, que es un tema «prioritario», pero que lo debatirán en estos días y dependerá de la viabilidad que vean. «Hay medidas que a lo mejor sí pueden aprobarse en el Parlamento, pero otras que sin el PDeCAT, no», admiten. En todo caso, advierten de que antes convocarían de nuevo una mesa de diálogo social y «ya se verá si se lleva algo o nada».

Federico Durán, socio de Laboral de Garrigues, muestra su oposición a ello: «No son las condiciones más adecuadas para proceder a una reforma sustancial de ordenamiento laboral». Durán considera que este tema necesita «un debate sereno». Además, advierte de que «meterse en reformas por la vía del Real Decreto Ley si no está fundamentado su uso puede ser pan para hoy y hambre para mañana», ya que este método solo puede utilizarse por motivos de urgente necesidad. ¿Cómo van a argumentar ahora esto si en ocho meses no lo han aprobado?, se pregunta este abogado.

Pese a que desde Trabajo tampoco descartan tomar medidas en uno de los temas más peliagudos, las pensiones, admiten que aquí lo tienen «más complicado» porque están al albor de la «disposición de otras fuerzas políticas» y dudan mucho que PP y Ciudadanos «estén por la labor». Su idea es «intentar hacer todo lo que se pueda pero con el mayor consenso posible», porque esto depende fundamentalmente del Pacto de Toledo, donde hasta ahora había «muchos avances», pero cabe la posibilidad de que los partidos «entren en clave electoral». Por ello, se decantan más por que esta reforma se haga mediante una ley o proposición de ley, más que por Real Decreto, para lo cual no tienen ya tiempo material.

Los sindicatos no están de acuerdo e insisten en que hay una mayoría suficiente para derogar el índice de revalorizacióny el factor de sostenibilidad que se implantaron en la reforma del PP, que en la actualidad están paralizados pero no enterrados definitivamente. De hecho, el decreto ley del pasado 28 de diciembre incluía una nueva fórmula de revalorización que ligaba las pensiones a la inflación media del IPCde los últimos doce meses, en sintonía con lo acordado también por el Pacto de Toledo; sin embargo, a última hora se dejó fuera. «El Gobierno tiene oportunidad de hacerlo, tiene números para sacarlo adelante y tiene compromisos adquiridos con la sociedad y con nosotros; si no lo hace, será responsable», avisa Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CC OO.

«Tengo muchos defectos, pero alguna virtud. Y una es que soy algo testarudo. Y ese subsidio de desempleo a los mayores de 52 años lo vamos a aprobar», aseguró el presidente ayer, en referencia a una de las medidas estrella incluidas en los Presupuestos y que amplíaba de 55 a 52 años la edad mínima para recibir el subsidio por desempleo. Además, los beneficiarios ya no tendrán que jubilarse anticipadamente, con el consiguiente recorte de su pensión, y se incrementa la cotización por parte del Estado del 100% al 125% de la base mínima.

Sánchez se comprometió a su vez a aprobar antes de las elecciones la cotización de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, una medida que beneficiará a unas 180.000 personas, sobre todo mujeres, y que tendrá un impacto económico de 315 millones de euros.

Desde el departamento dirigido por Magdalena Valerio aseguran que entre «sus prioridades» está ampliar de cinco a ocho semanas la baja de paternidad, por lo que «intentarán» también aprobarlo vía Real Decreto. Sin embargo, reconocen que tienen «la dificultad añadida» del elevado coste que implica (815 millones al año), ya que no cuenta con una partida presupuestaria.