El Gobierno, muy cerca de lograr un acuerdo de mínimos para la reforma laboral

Si hace apenas unos días tanto la patronal como los sindicatos rebajaron el optimismo generado en torno a lograr un pacto a tres, el optimismo vuelve a reinar, principalmente entre los sindicatos, una vez que se han conseguido importantes avances en el tema de la contratación, que se da prácticamente por cerrada. La patronal sí mantiene una postura de mayor prudencia y no quiere lanzar las campanas al vuelo, pero en realidad esto forma parte de la estrategia, del «rito» de la negociación –como lo definió recientemente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi–, porque entienden que la discreción es muy importante para no molestar a la parte contraria en caso de que hayan conseguido logros. Como así ha sido.

Porque los avances que están consiguiendo los empresarios son muy importantes. El Gobierno ha tenido que edulcorar completamente su propuesta inicial para intentar atraer a la patronal a un pacto. De una ley de máximos a una ley casi de mínimos. Los propios sindicatos lo admiten, pero quitan importancia a las cesiones asegurando que «tampoco es ninguna novedad». «Siempre ha sido así», reconocieron a este periódico fuentes de la negociación.

El Ministerio de Trabajo ha ido cediendo en casi todas las materias, pero principalmente en la propuesta de temporalidad, que era donde estaba el gran escollo. El Gobierno ha tenido que renunciar a imponer estrictos límites a este tipo de contratos en todas empresas y lo que ha regulado son las causas y duración de estos contratos. Así, según la última propuesta que está encima de la mesa, el contrato de trabajo «se presume concertado por tiempo indefinido». «Solo podrá celebrarse un contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora», según recoge el borrador. Cuando el contrato de duración determinada obedezca a las circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses, aunque podría prorrogarse hasta un año si se pacta en el convenio colectivo de ámbito sectorial. Sin embargo, se incluye un nuevo contrato específico para actividades ocasionales (unas rebajas, por ejemplo) cuya duración no podrá superar los 90 días. Este límite podría sufrir alguna modificación final, puesto que la patronal pide elevarlo mientras que los sindicatos rebajarlo e incluir alguna salvaguarda, según explicaron a este periódico fuentes de la negociación.

Pero hay consenso en el esquema fijado y en que se trata de una propuesta «razonable». La discusión está ahora en la tabla de sanciones que se pretende imponer para las empresas que hagan un uso fraudulento de este tipo de contratos y, principalmente, en torno a si el despido debe considerarse nulo y readmitir al trabajador, que es como aparece ahora en el texto y que la patronal pretende eliminar.

«Las negociaciones están avanzadas, los escenarios están abiertos y la posibilidad de un acuerdo tripartito es fuerte, pero también que no haya acuerdo», puntualizó Unai Sordo, secretario general de CC OO, durante la movilización que protagonizó este jueves junto a UGT para exigir un desbloqueo en la negociación de los convenios y exigir una subida salarial.

Sordo confía en alcanzar un acuerdo a principios de la semana que viene. Más optimista se mostró su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, que apuesta por que este mismo viernes se llegue ya a un preacuerdo para pasar a la fase de redacción. En el lado opuesto, Garamendi abrió la posibilidad de aplazar la aprobación de la reforma laboral. «Si por casualidad quedan horas, lo lógico es que se aplazara si realmente seguimos avanzando», defendió.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, descarta no cumplir con el plazo dado a Bruselas, pero desde Moncloa no cierran la puerta a tener que convocar un Consejo de Ministros extraordinario el 30 de diciembre, como sucedió en 2011 y 2016.

Y es que todavía quedan flecos tan importantes como el reequilibrio en la negociación colectiva y los límites a la subcontratación, temas que van ligados. En la última propuesta que remitió este mismo miércoles el Gobierno se contempla recuperar la ultraactividad de los convenios y devolver la prevalencia al convenio del sector, aunque solo en el ámbito salarial y la jornada. Otro tema que genera controversia es si vuelve a dominar el convenio autonómico o el estatal, algo que seguro será caballo de batalla en la tramitación en el Congreso.