El Gobierno aprobará este martes el derecho a paro para las empleadas del hogar

«Mañana es un día que hace grande a nuestro país. Vamos a concederles no solo la prestación y los subsidios de desempleo, sino que les vamos a conceder exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora tiene en nuestro país», precisó posteriormente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien mostró su alegría por dar luz verde a «una de las normas que más me satisface» y que llega después de que en febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiera una sentencia en la que consideraba discriminatoria la ley española que no reconoce el derecho al desempleo a este colectivo, integrado casi exclusivamente por mujeres.

Con la nueva norma las cerca de 400.000 afiliadas al Régimen del Hogar podrán cobrar la prestación por desempleo –aunque para ello tendrán antes que cotizar durante al menos un año– y, además, su despido no será tan fácil como hasta ahora, ya que se abole el desistimiento como causa de este, según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo.

Porque hasta ahora despedir a las empleadas del hogar es muy fácil y barato. No se necesita ningún tipo de justificación. Cuando el empleador entiende que ya no necesita los servicios de una doméstica, puede rescindir el contrato sin necesidad alguna de argumentar los motivos. Únicamente es necesario avisarla con 20 días de antelación, en el caso de que la empleada lleve más de un año trabajando, o siete días si su antigüedad es inferior, y pagarle una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado, con un tope de seis mensualidades.

Pero si el despido de estas trabajadoras pasara a regirse por las mismas condiciones que el resto de asalariados –tal y como dice Díaz–, esto implicará una indemnización como la de cualquier otro trabajador del Régimen General: 20 días por año trabajado y un límite de 12 meses en caso de que sea objetivo, o 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si es un despido improcedente.

También se elevarán las cotizaciones sociales, porque en el momento en que se apruebe esta ley las empleadas del hogar deberán pagar a la Seguridad Social por desempleo y por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para cuando haya casos de insolvencia. Sin embargo, el Gobierno pretende «neutralizar» este encarecimiento de alguna manera para que esto no suponga un coste extra ni para el empleador ni para la trabajadora, o sea el mínimo posible, a través de bonificaciones y reducciones cuyas cuantías y condiciones se conocerán este martes.

Paro y despido son los dos grandes pilares sobre los que pivotará la reforma, pero no serán los únicos derechos que conquisten las trabajadoras domésticas. También se recogerán otras reivindicaciones que viene reclamando el colectivo, como limitar el pago en especie, incluirlas en la ley de prevención de riesgos laborales, tener derecho a huelga y negociación colectiva, al reconocimiento de sus enfermedades como laborales y no como accidentes comunes, a una supervisión de sus condiciones por parte de la Inspección de Trabajo...

En la actualidad hay algo más de 370.000 empleadas del hogar dadas de alta en el sistema y que, por tanto, se beneficiarán de estos nuevos derechos que las equiparan con el resto de asalariados. Pero no están todas las que son. Cerca de 200.000 trabajan en la clandestinidad, de manera irregular –según las estimaciones de CCOO–, lo que les impide el acceso a cualquier derecho, como estar de baja en caso de enfermedad.

España es el país europeo con mayor número de empleadas del hogar –representan el 3% de la potencia laboral– y aglutina una cuarta parte del empleo doméstico de la UE, según datos de Eurostat. Este colectivo está compuesto mayoritariamente por mujeres (88% del total), casi un 30% tiene más de 55 años y más del 43% son inmigrantes. Además, más de la mitad tiene un contrato a tiempo parcial.