Garamendi plantará a Díaz en la foto de la firma del acuerdo sobre trabajadores LGTBI

Es más, para la patronal ni siquiera representa un nuevo acuerdo del diálogo social, sino que supone únicamente «el aterrizaje de una obligación que ya existía» a raíz de la aprobación de la ley trans: la de desarrollar una serie de medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de este colectivo en el entorno laboral y su no discriminación, según deslizaron a este periódico fuentes empresariales. En realidad, su único interés era resolver cuanto antes un problema de seguridad jurídica que había acarreado una ley «precipitada y mal elaborada», con el objetivo último de evitar sanciones a las empresas.

Por eso, ni CEOE ni Cepyme acudirán al acto que el Ministerio de Trabajo convocará para suscribir y celebrar lo que Díaz sí considera que es un «acuerdo tripartito», alcanzado a menos de una semana de las elecciones europeas. Y no podrá repetirse ese posado del Gobierno con sindicatos y patronal que tantas veces se inmortalizó en la anterior legislatura, la última vez en febrero de 2023.

Los empresarios siguen molestos con el Gobierno, al que acusan de cargarse el diálogo social, de vulnerar la Constitución y utilizarles con intereses partidistas. La patronal denuncia que el ministerio de Trabajo mantiene con ellos un diálogo social «fijo discontinuo», «a la carta», de forma que selecciona los temas que lleva a la mesa de la negociación colectiva y los que no en función de su conveniencia.

La reforma del subsidio, la reducción de la jornada, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, la reforma del Consejo Económico y Social (CES)... son algunas de las últimas normas –hay más de veinte– que el Gobierno ha decidido de forma unilateral sin pasar antes por el diálogo social, aunque el subsidio y la jornada lo haya hecho a posteriori. Por ello, desde la CEOE ven con buenos ojos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) haya incluido a España en la lista corta de países incumplidores de sus convenios, en este caso por el 144, en el que se prevé que los interlocutores sociales sean consultados antes de enviar las memorias a la organización. Y precisan que no se trata de una denuncia que obedezca a la época del PP, por aprobar la reforma laboral de 2012 –tal y como sostienen los sindicatos y el Gobierno–, sino que se fundamenta en la situación de incumplimiento que atraviesa desde 2022.