Los funcionarios cobrarán todo su sueldo en las bajas médicas de forma inminente

Los recortes en la nómina de los funcionarios que causaran baja fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy, nada más llegar al poder a principios de 2012. El entonces Ejecutivo popular intentaba ahorrar dinero público a la vez que evitar el absentismo al establecer que los funcionarios cobrarían el 50% de su salario durante los tres primeros días de baja por enfermedad, y el 75% desde el cuarto día hasta el vigésimo.

Sin embargo, Meritxel Batet considera que ahora «es de justicia» acabar con esta situación, por lo que trabajará en los próximos días por el «restablecimiento» del 'statu quo' anterior. Cuando se materialice, será otra de las actuaciones que reviertan parte de las políticas aplicadas por el PP desde 2011, como ocurrirá, por ejemplo, con la pretendida derogación de los contratos 'estrella' (el indefinido para emprendedores y el de aprendizaje y formación) de la reforma laboral, anunciada el martes por los responsables del Ministerio de Trabajo.

Será en dos semanas -el 16 de julio- cuando se produzca el primer encuentro entre los sindicatos y el departamento de Función Pública para analizar un documento de trabajo «consensuado» con el que los empleados públicos puedan acceder a las bajas sin ver mermadas sus retribuciones. En cualquier caso, esta restitución de derechos laborales ya había sido anunciada por el anterior Gobierno, donde habían asumido el compromiso de liquidar esos recortes salariales en los días de rebaja. Así constaba en el II Acuerdo para la mejora del empleo público, que los representantes de los trabajadores habían firmado el 9 de marzo con el Ministerio de Hacienda, aunque aún no se había ejecutado.

Batet considera que es prioritaria una convocatoria de Oferta de Empleo Público para este año durante las próximas semanas en lo que considera «un gran paso» para rejuvenecer las plantillas de las Administraciones en servicios esenciales como Sanidad, Educación, Dependencia y Seguridad. El Gobierno quiere que la tasa de empleo público temporal sea del 8% en el año 2020.

Por otra parte, Meritxel Batet también modificará parte de la legislación del Gobierno de Rajoy al flexibilizar la actual regla de gasto que rige las finanzas de los ayuntamientos, para que puedan disponer de más dinero para gastar en determinadas partidas sensibles con el Estado del Bienestar. La ministra de Política Territorial indicó que el Ejecutivo prepara una ley de medidas urgentes con la que se «suavizará la configuración y efectos de la regla de gasto» en vigor.

En concreto, se permitirá a los consistorios en superávit que dediquen ese remanente no solo a inversiones sino también «a la mejore de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía». En marzo, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llegó a un acuerdo con los ayuntamientos -a través de la FEMP- con el que se ampliaba la lista de inversiones consideradas financieramente sostenibles para destinar los 5.000 millones de excedente generado a lo largo de 2017.