Más de 40.000 falsos autónomos podrían salir a la luz con el nuevo decreto del Gobierno

Durante el balance de gestión de su Gobierno, Sánchez explicó que al regularizar y legalizar la situación a estos falsos autónomos lograrán más derechos y cobertura, gracias a «un trabajo digno del que se ven privados por el mal uso de esta figura». En el mismo sentido se manifestó el Ministerio de Trabajo en un comunicado en el que aseguraba que el objetivo de la medida es garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General para los supuestos que la Inspección de Trabajo detecte que están encuadrados de forma irregular en el Régimen de Autónomos, cuando en realidad realizan una actividad por cuenta ajena.

Y no son pocos. La principal asociación del sector, ATA, cifra entre 90.000 y 100.000 los falsos autónomos en España, mientras que la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) eleva esta cantidad hasta los 210.000. Incluso algunos despachos laboralistas y asesorías llegan a señalar la cifra de 290.000 falsos autónomos. Y lo que ninguno niega es que estamos ante un problema importante. «Es un fraude de ley y hay que combatirlo», aseguraba hace unas semanas el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, quien reclamaba por ello «mayor control y denuncia», dos aspectos que implican tanto a la Administración como a los propios afectados.

Algunos de estos miles de trabajadores que pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan servicios son forzados a inscribirse en ese colectivo son los repartidores de plataformas digitales como Deliveroo o Glovo, o conductores de Uber, tan de actualidad estos días. Estas compañías ya han sido investigadas y en algunos casos sancionadas por la Inspección de Trabajo.

Y es que nadie sale beneficiado de esta situación, salvo los empresarios que se ahorran los gastos que conlleva un contrato. Solo en cotizaciones dejan de pagar 562 millones de euros al año, es decir, que cada falso autónomo le costaría a la Seguridad Social casi 2.700 euros anuales, con cifras de UATAE. Incluso abogados consultados disparan la cifra hasta los 776 millones anuales, aunque ATA la rebaja hasta los 262 millones de euros.

Hasta ahora, una vez detectado el falso autónomo, la Inspección de Trabajo inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social a que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General. Pero las empresas afectadas -o, en su caso, los trabajadores- tramitan la baja del empleado, «lo que distorsionaba el procedimiento», valoró el ministerio. Por ello, la diferencia ahora es que se modifica la normativa de la Seguridad Social, serán preceptivos los informes de la Inspección de Trabajo para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haber tramitado el alta de oficio. Asimismo y mientras se desarrolla el procedimiento, las bajas o variaciones de datos formuladas por empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar.

Esta semana el ministerio de Valerio ya había puesto las cartas sobre la mesa tras la firma del convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que contempla un plan de más de 7.500 actuaciones extraordinarias este año. Bajo la premisa de que la lucha contra el fraude da sus frutos. Con cifras proporcionadas por la TGSS, Trabajo ha recaudado 526 millones de euros en el primer semestre del año gracias a las actuaciones dirigidas a ello, un 1,5% más que en el mismo periodo de 2017. Además, han aflorado 53.711 empleos irregulares con estas inspecciones, un 19,5% más que en 2017.

Estas inspecciones estarán centradas en la declaración de horas extraordinarias y la excesiva e injustificada temporalidad y parcialidad en la contratación. Estas medidas se enmarcan dentro del plan director contra la explotación laboral que también se ha presentado esta semana y que «intensificará» las inspecciones de trabajo en los próximos meses. Para ello, se impartirá «formación especializada» a sus técnicos, pero los sindicatos denuncian que la plantilla actual es insuficiente para llevarlo a cabo.