El salario mínimo comenzará el año congelado a la espera de un acuerdo

Y eso que encima de la mesa ya está el informe que encargó a un grupo de expertos para que estimaran cuánto debe incrementarse el SMI para cumplir con su compromiso de legislatura y aumentarlo hasta el 60% del salario medio español, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

No obstante, el margen es bastante amplio: el aumento propuesto por este comité oscila entre el 4,6% y el 8,2%; es decir, supondría elevar entre 46 y 82 euros al mes para situarlo entre los 1.046 euros y 1.082 euros brutos. Un alza, en cualquier caso, inferior a la revalorización de las pensiones y que no evitaría la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo de trabajadores, precisamente los más vulnerables, que tienen unos ingresos en la actualidad de 1.000 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas.

Más concretamente, este grupo de sabios, después de meses de análisis, ofrece cuatro opciones al Ejecutivo: un alza del 4,6% que aumentaría el salario mínimo a 1.046 euros en 2023; una subida del 5,4% que lo situaría en los 1.054 euros; un incremento del 6,6% que lo elevaría hasta los 1.066 euros; y, por último, el mayor aumento, del 8,2%, que lo llevaría hasta los 1.082 euros. Esta nueva revalorización, la última de la legislatura, beneficiaría en torno a dos millones de trabajadores, según estimaciones de los sindicatos.

Antes de tomar cualquier decisión de forma unilateral –algo que, no obstante, tiene la prerrogativa de poder hacerlo– el Gobierno buscará alcanzar un acuerdo con los sindicatos y la patronal y por eso los ha convocado ya el próximo miércoles. «Escucharemos a las partes y tomaremos las mejores decisiones», aseguró Díaz, quien –en una rueda de prensa que los inspectores de Trabajo trataron de boicotear con gritos de protesta– descartó en todo momento decir por qué franja de subida se inclina. Lo que sí ha dejado claro reiteradas veces la vicepresidenta es que da prioridad siempre a un pacto aunque esto suponga una «subida más moderada» y que el Ejecutivo tendrá en cuenta los cuatro factores que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores: la evolución de la inflación, la productividad, la participación de los salarios en la renta nacional y la coyuntura económica.

Sin embargo, este acuerdo a día de hoy puede decirse que está bloqueado sin ni siquiera haber empezado a negociarse, puesto que los empresarios anunciaron la semana pasada que cortaban toda interlocución con el departamento dirigido por Yolanda Díaz al entender que había «traicionado» el pacto logrado sobre la reforma laboral. La CEOE emitió un duro comunicado en el que exigió a Trabajo que se retire la enmienda transaccional que recupera el control previo de la Inspección sobre las causas de los ERE –lo que en la práctica resta poder a las empresas a la hora de realizar despidos colectivos– para volver a sentarse en la mesa del diálogo social.

Díaz, que aseguró que «no hay nada roto» y que todas las mesas siguen haciendo sus tareas, hizo un llamamiento a los empresarios para que acudan al encuentro del próximo miércoles «por el bien de nuestro país» y advirtió que, de no hacerlo, estarían infringiendo la Constitución. «Pido a los agentes sociales una única cosa: que cumplan con el mandato constitucional, que vengan a la mesa a trabajar», reclamó. La ministra, en tono más duro, advirtió a la CEOE que si no acudieran, «van a tener que dar cumplidas explicaciones al país, no al Gobierno».

Pero Díaz no tendrá que convencer solo a la patronal y a los sindicatos, que reclaman elevarlo hasta los 1.100 euros. Otra batalla que tendrá que lidiar será, tal y como ocurrió el año pasado, entre ambas vicepresidentas. Así, Nadia Calviño ya dejó su sello en el informe publicado este lunes y mostró su preferencia a un alza situado en la franja baja, puesto que según sus estimaciones el SMI debería incluso situarse en 1.030 euros para alcanzar el 60% del salario medio, mientras que Díaz intentará llevarlo al nivel más alto.