Funcionarios de la Agencia Tributaria. R.C.

Una evaluación negativa del desempeño no impedirá a los funcionarios optar a concursos y promoción interna

Los sindicatos CC OO y UGT pactan con el Gobierno 250 enmiendas al anteproyecto de ley de la Función Pública y eliminan el carácter sancionador que se había dado a la valoración del trabajo

Jueves, 19 de enero 2023, 18:34

Una evaluación negativa del desempeño no impedirá a los funcionarios optar a los concursos y a la promoción interna. El Gobierno ha aceptado modificar la limitación que había introducido en el anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, de manera ... que ya no será un requisito imprescindible tener una evaluación positiva para poder participar en los sistemas de provisión de puestos, promocionar o presentarse a un concurso. También se eliminan la incoación de medidas disciplinarias asociadas a la evaluación negativa. No obstante, la evaluación positiva sí dará puntos al funcionario que la tenga.

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Los sindicatos CCOOy UGT han conseguido introducir 250 modificaciones en el anteproyecto de ley, que afectan a más del 60% del articulado. Elisa Fernández, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, explica que han conseguido eliminar gran parte de la limitación de derechos que incorporaba el anteproyecto en el ámbito de la evaluación del desempeño, aunque todavía siguen reclamando que no se pueda remover al funcionario del puesto de trabajo obtenido por concurso público si tiene una evaluación negativa.

El Gobierno ha admitido que los sindicatos participen en las comisiones que elaborarán los procedimientos de la evaluación del desempeño, pero las centrales exigen, en aras de la transparencia y la objetividad, participar en la propia comisión que realiza la evaluación. De hecho, ya funciona así para el cuerpo especial de investigadores científicos: es la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora quien aprueba los 'sexenios' (seis años de investigación)que dan derecho a percibir el complemento correspondiente y en ella están presentes los sindicatos.

Este viernes se reúne la Mesa General de Negociación, con más de 200 enmiendas en discusión presentadas por CCOO y UGT. Fernández destaca que es indispensable que el anteproyecto no limite los derechos, pero pone en valor que en el anteproyecto ya se plasme que la planificación de los recursos humanes se va a basar en el desarrollo profesional de los empleados públicos y que reconozca la negociación colectiva de todos los reglamentos y desarrollo de la ley. En este marco, insiste en la necesidad de cubrir las vacantes en la Administración General del Estado porque «quien implementa las políticas sociales son los empleados públicos».

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CCOO y UGT han informado este jueves de que han presentado 250 modificaciones al texto inicial del anteproyecto de Ley de Función Pública, y aseguran de que han logrado «avances significativos» en las cuatro reuniones con han mantenido con el Gobierno.

Tras conocerse el texto, a finales de diciembre, ambos sindicatos coincidieron en que parecía más un manual de recursos humanos que una normativa, pero tras las primeras negociaciones con el Ejecutivo y las propuestas sindicales conjuntas, creen que se está «ayudando a equilibrar el anteproyecto de Ley».

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La secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, ha precisado que de esas 250 modificaciones del texto inicial, 19 se corresponden con la exposición de motivos, 223 se refieren a la totalidad de los artículos y otras ocho a las disposiciones adicionales, transitorias y finales.

Fernández ha señalado que estas modificaciones deben tratarse dentro de un «debate sosegado en el marco del diálogo social». «Creemos que es indispensable que haya una apuesta real y un compromiso por la modernización de la Administración General del Estado (AGE). Este proyecto es uno de los más importantes que afectará al personal de la AGE y a la sociedad. Son los trabajadores de la AGE las personas que implementan y aplican las principales políticas sociales», ha expuesto la representante de CCOO en esta rueda de prensa.

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El secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha valorado que esas primeras modificaciones garanticen «con mucha claridad» la negociación colectiva.

«Esto da un valor de transparencia a la ley que no tenía antes y una garantía para los empleados públicos», ha comentado Álvarez. También ha comentado que se ha introducido un capítulo de derechos y deberes, y se ha contemplado la jornada a tiempo parcial como base para la implementación de la jubilación parcial.

COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO

Uno de los puntos más cuestionados tras la presentación del anteproyecto de ley fue que los funcionarios pudieran ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan la evaluación obligatoria por desempeño.

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Fernández y Álvarez ya criticaron en su día que era una cuestión subjetiva, y han incidido este jueves en la necesidad de crear una comisión de valoración del desempeño para garantizar un «sistema objetivo y transparente».

«Hemos exigido, y es fundamental, la creación de una comisión de valoración del desempeño, con participación sindical en dicha comisión», ha apuntado Fernández.

Por su parte, el representante de UGT también ha aplaudido que los sindicatos puedan estar presentes en esa comisión, como han logrado en las negociaciones.

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En cuanto al complemento de evaluación, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO ha explicado que existe una horquilla «demasiado amplia para seguir manteniéndola», que va de los 0 euros a los 50.000 euros.

CCOO y UGT seguirán negociando la planificación de la oferta de empleo público, la mejora de las condiciones de trabajo, la jornada máxima de 35 horas en la AGE o la recuperación de las pagas extraordinarias completas.

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Además, ambos sindicatos confían en que el Gobierno haga «una apuesta real» por la Administración del Siglo XXI y avance en la modernización de la AGE «de manera previa a la publicación de la ley».

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