Europa estudiará si España debe pagar más por las horas extras

Fue el pasado 14 de mayo cuando el tribunal encargado de supervisar si los países cumplen con la Carta Social Europea se reunió y declaró «admisible» esta denuncia y se lo notificó por carta a UGT. Significa esto que, al igual que ha hecho con el despido, Estrasburgo estudiará si el hecho de que en España las horas extras se paguen al mismo precio que las ordinarias (e incluso no se paguen y se recompensen con tiempo de descanso) es contrario a este tratado que España ha suscrito.

El sindicato liderado por Pepe Álvarez presentó en enero pasado esta demanda al considerar que «el reino de España está incumpliendo la Carta Social Europea, que obliga a los estados miembro a tener un sobrecoste de las horas extras de al menos el 25%» y reclamó que la legislación española recoja esta exigencia legal de pagar un recargo del 25% por esas horas que se trabajan de más y que para la mitad de los trabajadores ni siquiera se pagan o se pagan en negro, según denunció entonces Álvarez.

UGT considera que España está violando el artículo 4, que establece que «todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración justa» y, para garantizarlo, «las Partes (es decir, los países) se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una mayor remuneración por las horas extraordinarias, salvo excepciones en casos particulares». Estrasburgo, al admitirlo a trámite, al menos ve indicios de que no pagar más por las horas extras en España pudiera ser susceptible de ser contrario al tratado europeo, que fue ratificado por España en mayo de 2021, por lo que «está vinculada por estas disposiciones», según recoge el escrito de admisión al que ha tenido acceso este periódico.

Ahora el Gobierno y la patronal tiene de plazo hasta el próximo 19 de julio para presentar alegaciones y, después, el sindicato reclamante podrá enviar una respuesta a las mismas. Esta denuncia debería estar resuelta antes de dos años y ya quedaría en manos del Gobierno adecuar la legislación para cumplir, o no. Se trata del mismo procedimiento que ha seguido la denuncia contra el coste del despido español presentada también por UGT en marzo de 2022 y cuya resolución favorable se conocerá de forma oficial a finales de julio.

Precisamente UGT llevará esta primera victoria a la reunión del diálogo social que mantendrán hoy con el Gobierno y con la patronal sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un compromiso del Ejecutivo pero cuya negociación está estancada. El sindicato quiere que el sobrecoste de las horas extras se discuta también en esta mesa –que también pretende poner en marcha un registro de jornada más estricto y fiable– con el objetivo de alcanzar un acuerdo y retirar así la demanda ante Estrasburgo, ya que UGT da por hecho de que, de lo contrario, España volverá a ser condenada.

En España se realizan una media de 13 millones de horas extra cada mes, el equivalente a 130.000 puestos de empleo permanentes, de las cuales en torno a la mitad ni siquiera se pagan.