El Estado aún paga las nóminas de 1,4 millones de trabajadores por la pandemia

Aún así, los efectos que las medidas de contención de la covid-19 han provocado sobre la economía y el mercado de trabajo todavía siguen muy visibles y están teniendo un fuerte impacto en las arcas públicas. El Estado aún paga las nóminas de 1,4 millones de trabajadores por efecto de la pandemia, según reconoció recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La mitad de esas rentas corresponden a los cerca de 730.000 empleados afectados por un ERTE, pero abona además la ayuda ordinaria por paro a unas 370.000 personas que fueron despedidas por el coronavirus y aún no han encontrado un empleo, la prestación por cese de actividad a 150.000 autónomos y la baja laboral por covid a 150.000 enfermos.

El gasto que supone el pago de los ERTE y las ayudas a los autónomos será de unos 1.000 millones al mes, según las últimas estimaciones oficiales. Aunque eso si se da el mejor escenario posible, pero el Gobierno prevé que el número de afectados crezca a consecuencia de nuevas restricciones administrativas para frenar la segunda ola, como ya ha sucedido en Madrid. «La pandemia se está prolongando mucho más y con mayor intensidad de lo esperado y cabe prever la necesidad de suspender nuevamente determinadas actividades», admitió en el Real Decreto de los ERTE publicado esta pasada semana.

Y a eso habría que sumarle además la prestación por desempleo a esos casi 400.000 parados de la covid (casi 400 millones, teniendo en cuenta que el coste por beneficiario se acerca a los 1.000 euros al mes de media) y las numerosas bajas que aún se diagnostican.

Aún así, se trata de una cifra muy inferior a la de mayo, el momento álgido de esta crisis, cuando el Gobierno, a consecuencia del virus, asumió el pago de las rentas de más de 7,3 millones de personas, más de un tercio de la población activa, que se sumaban a las que ya tenía. El Estado llegó a abonar en un mes 3,4 millones de prestaciones por desempleo a afectados por un ERTE, el paro a las 950.00 personas que se quedaron sin empleo, las ayudas a 1,5 millones de autónomos (lo que supone casi la mitad del colectivo) y 1,5 millones de bajas laborales por covid.

Es más, si se le añaden los cerca de nueve millones de pensionistas, 3,2 millones de empleados públicos, los casi dos millones de parados previos a la crisis, los beneficiarios de rentas mínimas... Llegó a haber más de 21 millones de ciudadanos cuya nómina estaba financiada por las arcas públicas, lo que podría estar en unos 30.000 millones de euros de gasto mensual, según calcularon algunos expertos.

Estamos ahora muy lejos de ese nivel de rentas, pero situarnos de nuevo en los niveles previos de empleo y, por tanto, dejar de abonar prestaciones nuevas de paro o ERTE, va todavía a costar.

Los últimos datos de ERTE corroboran una ralentización de la recuperación de actividad respecto a meses anteriores. Mientras en julio el número de trabajadores activados evolucionó a un ritmo del 39% y en agosto del 27,36%, en septiembre solo fue del 10,28%. Asimismo, las cifras de afectados en ERTE (728.909) ponen de manifiesto un comportamiento heterogéneo en dicha recuperación, lo que escenifica la mayor dificultad de algunos territorios y sectores para la vuelta a la normalidad. Así, Baleares y Canarias registran las mayores tasas de cobertura de los ERTE y es donde menos trabajadores han salido de los mismos, un 48,83% en Baleares y un 62,34% en Canarias, debido a su enorme dependencia del turismo internacional fuertemente afectado por las restricciones a la movilidad.

Por sectores, la mayor parte de trabajadores se concentra en tres: turismo, ocio y aviación. Las medidas de contención sanitaria adoptadas para frenar la segunda ola están impactando con mayor intensidad en la hostelería, el comercio y las actividades culturales.