Empresas y autónomos tendrán que implantar el registro de jornada digital en seis meses

El Ejecutivo ha aprovechado la norma que recorta el horario de los trabajadores media hora al día para endurecer el registro horario apenas cinco años después de haberlo implantado al no haber logrado el efecto deseado: reflejar fielmente la jornada de los asalariados para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas.

Para ello, el Ministerio de Yolanda Díaz prohíbe que se haga ahora de forma manual y obliga a todas las empresas (también a los autónomos con empleados a cargo) a llevar un «registro diario de jornada realizado por medios digitales» para que no sea manipulables. Además, la empresa «deberá garantizar la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad del registro de jornada, para lo cual las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada».

También en este registro se deberán contabilizar las horas extraordinarias, que se tendrán que totalizar en la nómina mensual, «entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente sin perjuicio de la forma de compensación», señala el texto que este mismo viernes sale a consulta pública y tardará entre dos y tres meses en aprobarse en Consejo de Ministros, para llegar al Congreso ya en primavera, donde tanto el Gobierno como los sindicatos dan por hecho que sufrirá modificaciones a través de enmiendas.

Y para adaptarse a esta nueva obligación el Gobierno apenas da de plazo a los negocios seis meses, una vez que haya sido publicada en el BOE, algo que genera una fuerte preocupación a las pequeñas empresas, que son las mayoritarias en España, muchas de las cuales no están ni siquiera digitalizadas e incluso no tienen acceso a internet.

Otra vuelta de tuerca que da la nueva norma es que el registro deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras. Sin embargo, habrá más tiempo para que este registro horario sea interoperable y accesible de forma remota por la inspección de trabajo, obligación que se demora hasta que se determine en un nuevo reglamento pendiente de desarrollar.

Incumplir el registro horario saldrá mucho más caro: las sanciones se elevan y oscilarán entre los 1.000 euros y los 10.000 euros, frente a los 751 y 7.500 euros actuales. Pero la nueva ley no solo las aumenta, sino que impone una infracción por cada trabajador y no una solo por empresa como en la actualidad en los casos en los que las empresas no tengan registro o bien cuando sus datos hayan sido manipulados.

«La reducción de la jornada en España es una medida que se va a estudiar en las universidades de todo el mundo», aseguró este viernes con orgullo y visiblemente emocionada Díaz durante el acto oficial de firma del acuerdo. La vicepresidenta segunda se mostró satisfecha por haberle ganado una vez más la batalla al Ministerio de Economía e imponer la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas semanales al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque las empresas con convenios colectivos vigentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse. Además de los plazos, la otra gran pelea que ha tenido con el ministro Carlos Cuerpo y que por el momento ha ganado Díaz ha sido la de imponer que los trabajadores a tiempo parcial tendrán derecho a realizar el mismo número de horas y, por tanto, las empresas deberán elevar sus salarios.