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Sindicatos y empresarios, en un comunicado conjunto, proponen al Gobierno negociar una nueva regulación de los ERTES (expedientes de regulación de empleo temporales) que incida, de manera particular, en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el ... acortamiento de los plazos de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica.
Los agentes sociales (Comisiones Obreras y UGT, CEOE y Cepyme) proponen al Gobierno que las medidas tomadas por las diferentes Administraciones por cuestión de salud pública, como son el cierre de centros, la cancelación de actividad, además de las restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o por la carencia de suministros, entre otros, podrán justificar los ERTE por fuerza mayor.
Algunas de las medidas propuestas para afrontar los ERTE pactadas por los interlocutores sociales incluyen el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia; que los periodos de desempleo consumidos durante esa suspensión del empleo no perjudiquen el reconocimiento de las futuras prestaciones de desempleo; y, ante la falta de liquidez en que puedan incurrir las empresas por su inactividad a consecuencia del coronavirus, se plantea la suspensión de la obligación del pago de las cotizaciones sociales por parte de las compañías.
Con vistas a la reunión que mantendrán los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma tarde vía telemática, sindicatos y patronal también enumeran otra serie de medidas temporales que deberían incluirse en un real decreto-ley tras su negociación, como serían la protección de los trabajadores fijos discontinuos, atender el cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones a la movilidad, y facilitar el teletrabajo entendiendo cumplida con carácter excepcional la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.
Asimismo, en el documento remitido por patronal y sindicatos, se recoge la necesidad de recursos extraordinarios en apoyo de trabajadores y empresas, de la actividad económica y del empleo, y que esos fondos adicionales no se computen a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público que se deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobados en las Cortes en las semanas pasadas. Esta cuestión los agentes sociales la proponen en particular para los ejercicios 2020 y 2021.
El Consejo de Ministros se encuentra reunido a esta hora y, a su término, el presidente Pedro Sánchez hará públicas las medidas que se adoptarán de inmediato para atajar las consecuencias socioeconómicas y sanitarias del coronavirus. Se prevé que el Gobierno ponga en marcha a partir de hoy un plan de choque que Sánchez esbozó el pasado martes y que incluirá ayudas para las familias, apoyos de liquidez para las compañías, así como medidas de flexibilidad que eviten que las empresas recurran a los despidos para resolver sus problemas temporales como consecuencia del impacto económico de la enfermedad.
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