Los sueldos de dos millones de trabajadores parciales subirán gracias a la reducción de jornada

«La reducción de jornada es un escalón más de la reforma laboral y va a beneficiar a 12,5 millones de trabajadores de manera directa: 10,5 millones a tiempo completo y dos millones de trabajadores a tiempo parcial verán incrementado su salario», defendió la ministra de Trabajo.

Este aumento del sueldo de los trabajadores a tiempo parcial (no de todos, porque en realidad hay más de tres millones en la actualidad en España, todo un récord) se debe a que la propuesta de anteproyecto de ley que ha puesto el Gobierno encima de la mesa obliga a las empresas que tengan trabajadores a tiempo parcial a «mantenerles el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma» y, asimismo, «tendrán derecho al incremento proporcional de su salario, según proceda», tal y como establece el borrador de texto al que ha tenido acceso este periódico.

Por su parte, los trabajadores a tiempo parcial que estuvieran prestando sus servicios por una duración igual o inferior a 37,5 horas se convertirán «automáticamente» en trabajadores a tiempo completo en el momento en que entre en vigor esta ley, según recoge también el documento.

Y lo mismo sucederá con los trabajadores que se hayan acogido a una reducción de jornada, principalmente mujeres para cuidar de sus hijos o familiares dependientes, que tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas, con el consiguiente aumento de sueldo que implicaría. No obstante, los porcentajes de reducción de jornada actuales a los que se pueden acoger (un octavo de jornada como mínimo y un máximo de la mitad) seguirán operando hasta que decaigan, aunque con el límite máximo del 31 de diciembre de 2025. Es decir, que podrán seguir trabajando las mismas horas que ahora (sin un recorte adicional) hasta final del año que viene.

Durante su intervención ha sido notorio el cambio de tono y discurso que utiliza ahora la vicepresidenta segunda, que ha pasado en apenas dos semanas de dar un ultimátum a la patronal para sumarse al acuerdo o, de lo contrario, legislar solo con los sindicatos, a descartar ahora imponer ningún plazo a la negociación y admitir que puede llevar «semanas». Además, también ha pasado de las críticas y las acusaciones a la CEOE (les acusó de burlarse incluso de los ciudadanos y comparó a su presidente, Antonio Garamendi, con Trump o Milei) a tenderles «la mano» sin restricciones.

«Los plazos son preclusivos y quiere decir que te obligan. No voy a dar un plazo pero la voluntad de diálogo es toda», aseguró la ministra. Y añadió: «Me encantaría que el día 29 (cuando se va a celebrar la próxima reunión) se culminara esto, pero no sé. No me preocupa tanto el tiempo sino que lo encaucemos y no tengo inconveniente en dedicarle muchas horas, incluso muchas semanas».

Por el contrario, los que han subido el tono esta semana han sido los sindicatos, a los que no convencen las cesiones que pueda hacer el Gobierno para atraer a la patronal ni el retraso que puede implicar en la aplicación de la medida estrella. «La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre», advirtió este jueves el líder CC OO, Unai Sordo. Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, no descartó una huelga general y pidió a la CEOE que «deje de marear».