Díaz reformará el despido para elevar su cuantía y que las empresas no sepan cuánto van a pagar

«No se puede saber con anticipación cuál es el valor de esa indemnización porque va a depender de muchos factores. La clave está en la reparación adecuada y que el despido sea disuasorio», esgrimió este lunes Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, donde desgranó las doce líneas de trabajo que su Gobierno quiere desarrollar durante los próximos cuatro años.

Para ello, la ministra señaló que adaptarán la regulación española del despido a la Carta Social Europea y crearán un «mecanismo de extinción del contrato de trabajo que repare adecuadamente los daños causados cuando alguien es despedido injustamente y que sea absolutamente disuasorio». La líder de Sumar hizo hincapié en que España muestra «una anomalía» al establecer un número de días determinados para compensar un despido, aunque sea improcedente. En la actualidad, la indemnización por despido improcedente está fijada por ley en 33 días de salario por año trabajado desde que la reforma laboral del PP en 2012 la rebajó de 45 días, aunque en los últimos meses varias sentencias judiciales están obligando a las empresas a pagar más días por año trabajado que esos 33.

Pero Díaz no quiere saber nada de una cantidad tasada, sino que lo que pretende es un despido a la carta en el que se tengan en cuenta otros factores, como puede ser la edad del trabajador, la antigüedad, la renta, la situación familiar, la formación, el género…

Esta medida contará previsiblemente con el apoyo de los sindicatos, que han denunciado a España en Europa y aguardan una sentencia en los próximos meses que eleve el despido, aunque la ministra avanzó que no esperarán a que el tribunal europeo y el comité resuelvan para llevarla adelante. Sin embargo, sí se encontrará con el rechazo frontal de las patronales, que denuncian que pactaron la reforma laboral precisamente con la condición de que no se tocara el despido. Además, es sabido que para los empresarios siempre supone un problema importante no conocer el impacto económico de cualquier factor, en este caso del despido, que pueda interferir en sus cuentas.

No será el único cambio que afecte al despido en España. Díaz también quiere modificar la ley para que la invalidez permanente no sea motivo para el despido automático de un trabajador, algo que –según avanzó– se producirá «en los próximos días» y beneficiará a un colectivo «muy importante» de personas en España que sufren alguna forma de discapacidad.

Por otra parte, otro mensaje que lanzó a la patronal, con la que en los últimos meses mantiene una relaciones muy tensas, es que el Gobierno llevará a cabo su compromiso de reducir la jornada laboral este año a 38,5 horas y el que viene a 37,5 horas aunque no cuente con el respaldo de la CEOE, que se negó a firmar la nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros al mes y ya ha advertido que eso debe negociarse en los convenios, «sector a sector».

Es más, Díaz da por hecho el no de la patronal a esta medida tres días antes de que el próximo jueves se sienten en la mesa a negociarla, y enturbia más el ambiente del diálogo social al acusar a la CEOE de dejarse llevar por «intereses partidistas» al rechazar la subida del salario mínimo. «Para la jornada laboral nos podemos encontrar un escenario parecido al del salario mínimo», reconoció. Y lanzó un claro reproche a los empresarios: «Me temo que puede haber en lugar de negociar con intereses de país que haya otro tipo de cuestiones que como estamos viendo estos días se alejan del debate concreto».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reaccionó rápidamente afirmando que cómo se puede llamar diálogo social a algo que ya está decidido. «Si vas a una mesa donde ya está marcado el final...», recriminó.

Otra de las reformas que está encima de su mesa y será difícil pactar con la CEOE es «democratizar la estructura empresarial» de España para que los trabajadores participen en la gestión y toma de decisiones, para lo cual pretende sentarles en los consejos de administración tal y como sucede en Alemania desde 1996.