Díaz eleva el tono contra Calviño por su «absoluta disconformidad» con la reforma del desempleo

«Es una competencia del Ministerio de Trabajo y, por lo tanto, de esta vicepresidenta», recalcó Díaz ante los medios de comunicación a las puertas del Congreso de los Diputados. «Ya les digo que no compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía», repitió, visiblemente molesta, sin miedo a declarar de forma abierta una guerra entre ambas vicepresidentas que ya viene de lejos.

No obstante, la ministra de Trabajo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los más de 800.000 parados que cobran un subsidio y les prometió que «desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de desempleo». No pasa desapercibida, sin embargo, esta matización de «desde esta vicepresidencia», puesto que la palabra final en materia económica la tiene Calviño, aunque no siempre ha logrado imponer su criterio en temas como la subida del salario mínimo o la reforma laboral, asuntos en los que muchas veces Díaz ha terminado ganando el pulso.

La reforma del desempleo que plantea Trabajo nada tiene que ver con la que Economía está vendiendo a Bruselas, más restrictiva, con la clara intención de acortar los plazos para la reinserción laboral imponiendo nuevas obligaciones. El objetivo de Díaz, al contrario, es ampliar el subsidio para que llegue a más trabajadores, a cerca de un millón. Para ello extenderá la cobertura a colectivos como el de mayores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora carecían de protección. Se sumarían así unos 152.000 beneficiarios más, según estimaciones del ministerio.

Pero además el gran reto es hacer compatible esta prestación con un empleo a tiempo completo, al menos durante el primer mes, algo que ahora está vetado, para animar a este colectivo a la búsqueda activa de un trabajo, un planteamiento que defienden también los sindicatos y la patronal. Se pretende que un parado acepte una oferta laboral sin miedo a que sea por un corto periodo de tiempo.

Asimismo, Díaz avanzó que trabajarán para «eliminar aspectos burocráticos», como, por ejemplo suprimir ese mes de espera que pasa entre que una persona solicita la prestación y se la conceden, de forma que la reciba en el mismo momento de su solicitud. Las revisiones pasarán a ser, además, trimestrales.

Otro tema que separa a ambas vicepresidentas es la cuantía de la prestación, situada actualmente en unos 480 euros al mes, el 80% del IPREM. Calviño pretende un recorte progresivo de esta cantidad, de forma que se cobre más al principio para irla reduciendo mes a mes, con el fin último de «incentivar» la búsqueda de empleo en los primeros meses, cuando es más fácil la reinserción.

La respuesta desde el ministerio de Asuntos Económicos a las declaraciones de Díaz fue rápida y en tono conciliador, asegurando que están «alineados» con Trabajo en la búsqueda de «la mejor reforma posible» del nivel asistencial y comparten las propuestas de compatibilizar esta prestación con un empleo, dar también cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares, que haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal del desempleado, entre otros elementos que plantean.

La CEOE, una vez más, se sitúo del lado de Calviño y avisó a Díaz de que esta reforma no depende en exclusiva de Trabajo y también implica a Economía,sindicatos y patronal. Así, el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, emplazó al Gobierno a llevarla a la mesa del diálogo social y se mostró abierto a colaborar. «Es algo que tenemos que confrontar en el diálogo social y, desde luego, nosotros estamos a favor de ver cómo lo hacemos», precisó el vasco, que señaló también que las políticas activas de empleo «no funcionan».