Díaz mete presión a sindicatos y empresarios para reducir la jornada laboral

UGT, CC OO, CEOE y Cepyme ya se han puesto a trabajar en esta medida a la que se ha comprometido el Gobierno a poner en marcha en su acuerdo de legislatura y están de acuerdo en que la reducción no puede hacerse en términos semanales y, en todo caso, ha de implantarse en cómputo anual, tal y como se ha venido haciendo ya a través de los convenios colectivos. Esto, argumentan, da más flexibilidad a las empresas –e incluso a los trabajadores– para poder aplicar esta reducción a través de días libres o vacaciones. Es más, para la patronal esta es una línea roja y advierten que en ningún caso aceptarán una reducción de jornada semanal tal y como pretende el Ejecutivo, ya que supondría un claro retroceso.

Lo que pretenden es que la reducción de jornada no se haga con un formato único, sino que pueda aplicarse de múltiples formas: unas veces la jornada se reducirá en cómputo anual, con días de permiso, otras veces se trabajará con cuatro días y otras veces una reducción de la jornada diaria.

Pero además de en el diálogo social, el recorte de jornada se debatirá también en el Congreso. El grupo parlamentario de Sumar defenderá este mismo martes una iniciativa para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario, en la que será la primera votación parlamentaria de esta medida prometida por el Gobierno de coalición, que no tiene el visto bueno de todos los socios de investidura y que en su momento generó discrepancias entre PSOE y Sumar.

La propuesta que se llevará al Pleno insta al Gobierno a abrir «con carácter urgente» un proceso de diálogo social que culmine con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, así como de las disposiciones pertinentes, para incorporar una reducción de la jornada laboral de aplicación progresiva, empezando por fijar un tope de 38,5 horas efectivas en 2024.

Se trata de la segunda iniciativa que Sumar registra en el Congreso por este asunto en poco más de dos meses y ésta es menos exigente que la presentada en diciembre de 2023, cuando se instaba al Gobierno a acometer la reducción, sin apelar al diálogo social, y poniendo como tope 37,5 horas semanales, abriendo la puerta a un pacto con los agentes sociales para bajar hasta las 32 horas.